El Gobierno de Estados Unidos se negó este miércoles a revelar el destino de un vuelo de deportación que partió la noche del martes con ocho inmigrantes a bordo. Según un grupo de abogados, los expulsados — entre ellos nacionales de países como México, Cuba y Vietnam— fueron enviados a Sudán del Sur.
En una conferencia de prensa en Washington, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó la salida del vuelo desde Texas, pero ocultó el «destino final» de estas personas por motivos de «seguridad» y aseguró que siguen en custodia del Gobierno estadounidense.
Los migrantes son originarios de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur y tienen todos antecedentes penales que van desde asesinato hasta robo con arma de fuego, según detalló el Gobierno.
«Ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos (…) pero gracias al Departamento de Estado encontramos un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales», dijo McLaughlin a reporteros en Washington.
El grupo de deportados está conformado por Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba; Jesús Muñoz Gutiérrez, oriundo de México; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania, Tuan Thanh Phan, de Vietnam y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.
Ayer en la noche, sin embargo, varias organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante un tribunal en Massachussets para que interviniera y denunciaron que al menos dos de sus clientes iban a ser enviados a Sudán del Sur.
El país, al este de África, está envuelto en un conflicto armado y el propio Departamento de Estado de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos no visitarlo y retiró a inicios de mayo al personal no esencial del Gobierno estadounidense allí.
El juez federal Brian Murphy ordenó al Gobierno anoche a mantener la custodia de los migrantes y asegurarse que puedan ser devueltos a EE.UU. si la corte encuentra que las expulsiones fueron «ilegales».
En una audiencia de urgencia ayer, el juez Murphy señaló que el Gobierno podría haber violado una orden de su tribunal que prohíbe las deportaciones de migrantes a terceros países donde puedan estar en riesgo sin la posibilidad de defender sus casos en las cortes, según informó el diario The New York Times.
El vuelo de ayer representa el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Gobierno de Trump y el poder judicial, en torno a las medidas cada vez más agresivas para cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.
Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno estar ignorando el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una «crisis constitucional».
Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados del país.
A mediados de marzo, EE.UU. envió a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
