Santo Domingo.- El nuevo anteproyecto de ley sobre libertad de expresión propone eliminar la prisión como castigo por difamación e injuria, trasladando estos conflictos del ámbito penal al civil, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales.
El documento, elaborado por una comisión presidencial, busca modernizar la Ley 6132 de 1962 y adaptarla a los desafíos del entorno digital y el contexto de la modernización. Si se aprueba, sería la primera vez que se establece un marco legal específico para regular expresiones en medios digitales y redes sociales.
Una de las modificaciones más significativas es que las personas afectadas por difamación ya no podrán perseguir penalmente a periodistas o ciudadanos. En su lugar, deberán recurrir a la jurisdicción civil, donde solo se impondrán sanciones económicas proporcionales, buscando una mayor libertad de expresión y evitando el uso del derecho penal como herramienta de censura.
También se establece que el Estado no podrá perseguir de oficio los delitos de expresión, solo el afectado podrá presentar una demanda, lo que limita el uso político de estos casos. Además, el proyecto reconoce el secreto profesional y el derecho a proteger las fuentes, derechos clave para el ejercicio del periodismo.
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A pesar de estos avances, algunos artículos han generado preocupaciones. Conceptos como la “moral pública” o el “discurso de odio” podrían abrir la puerta a interpretaciones amplias que restrinjan contenidos críticos. Sin embargo, el anteproyecto aclara que toda limitación debe ser legal, necesaria y proporcional.
En cuanto a sanciones, se prohíbe expresamente la censura previa, y se reconoce el derecho a la rectificación y réplica en medios tradicionales y digitales. Además, los procesos judiciales deberán desarrollarse con garantía de respeto a los derechos fundamentales.
El documento contempla que todas las plataformas digitales, incluyendo redes sociales, deberán cumplir con los principios de equidad, transparencia, debido proceso y acceso a la información, aunque no impone censura ni bloqueos automáticos.
Si bien la iniciativa ha sido valorada como un paso positivo hacia un entorno más libre y justo para el ejercicio de la expresión, su aprobación requerirá una amplia discusión pública, especialmente con actores del periodismo, la sociedad civil y el sector tecnológico.
