En Viñales, un próspero pueblo turístico en Cuba, sus habitantes se vieron obligados a regresar a cultivar la tierra para sobrevivir por la falta de visitantes debido a la pandemia de covid-19.
En 1999 la zona fue declarada Patrimonio Natural por la Unesco.
Pero a falta de turistas por la pandemia, casi todos los 28,000 habitantes han tenido que volver al campo para sobrevivir.
Fuente: AFP.
Santo Domingo.- El liderazgo empresarial llamó al Gobierno a tomar medidas que estabilicen el mercado ante la preocupación que genera el persistente incremento en los precios de los combustibles y los alimentos.
César Dargám, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), atribuye el encarecimiento de los artículos básicos al aumento de las materias primas y a la excesiva demanda en el mercado nacional.
Asimismo, Dargám calificó como positiva la gestión del Gobierno dominicano encabezada por el presidente Luis Abinader.
Por otro lado, respaldó el Plan Nacional de Vacunación contra la el covid-19 iniciado este martes con 20 mil dosis y otras que llagarán en lo adelante.
Exhortó a la población vacunarse contra el covid-19 y confiar en su efectividad, además de explicar que es a través de la vacuna que se puede tener algún alivio a mediano o largo plazo.
Los legisladores de Estados Unidos escuchaban este jueves los testimonios de actores clave en la fiebre especulativa de principios de año que apuntó a varias empresas que cotizan en Wall Street, incluida la cadena de tiendas de videojuegos GameStop.
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes organizó una audiencia virtual para arrojar luz sobre la fiebre que afectó la ciudad de Nueva York el mes pasado.
Un ejército de inversores aficionados, organizados en particular por medio de un foro del sitio Reddit, invirtió masivamente en varias empresas con salud financiera tambaleante, en particular GameStop pero también los cines AMC o la cadena de tiendas Bed, Bath & Beyond.
Las acciones de estos grupos aumentaron repentinamente antes de ceder gran parte de sus ganancias en las siguientes semanas.
Al centrarse en estas empresas, los aficionados quisieron demostrar que los grandes fondos de cobertura y los barones de Wall Street, que habían apostado por un colapso de la bolsa de estas empresas, estaban equivocados.
La extrema volatilidad del mercado llevó a los reguladores y a los políticos estadounidenses a pedir una explicación.
Los reguladores quieren determinar si hubo manipulación de precios o tráfico de información privilegiada.
Keith Gill, quien saltó a la fama en Reddit y YouTube por su análisis de GameStop, era uno de los oradores.
Conocido en Internet con los seudónimos ‘Roaring Kitty’ y ‘DeepFuckingValue’, había anticipado un aumento en GameStop, mucho antes de la subida de enero.
El cofundador de Reddit, Steve Huffman, y el jefe de la aplicación de corretaje Robinhood, Vlad Tenev, también serán escuchados.
Muchos clientes de Robinhood se habían quejado de las limitaciones impuestas por esta plataforma en línea de corretaje minorista particularmente usada por milenials.
Tenev niega haber querido proteger a los fondos de inversión al hacerlo y asegura que la misión de su empresa sigue siendo hacer que el mercado sea accesible para los pequeños propietarios.
El único inconveniente: el modelo de negocios de Robinhood implica un contrato con Citadel, un fondo de inversión, propietario de otro fondo de cobertura, Melvin Capital, que perdió la mayor cantidad de dinero con la subida de GameStop.
Citadel tuvo que rescatar a Melvin por una suma de 2.750 millones de dólares según la prensa estadounidense, luego de que el valor de la cartera del fondo de cobertura cayera más del 53% solamente en enero.
A la luz de este importante apoyo financiero brindado a Melvin Capital, los legisladores quieren asegurarse de que Citadel no haya presionado a Robinhood para obligarlo a suspender las órdenes de compra enviadas por los inversores aficionados.
El poderoso financista Ken Griffin, fundador de Citadel, y Gabriel Plotkin, jefe de Melvin Capital, también hablarán en la audiencia.
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Piratas informáticos atacaron el jueves páginas web gubernamentales gestionadas por la junta militar en Birmania, en respuesta al bloqueo nocturno de internet, mientras que varios países, entre ellos Estados Unidos, redoblaban la presión para que se restablezca la democracia.
Un grupo llamado Hackers de Birmania atacó varías páginas gubernamentales, como la del Banco Central, la de propaganda del ejército, la cadena de televisión pública MRTV, la autoridad portuaria y la de la agencia de seguridad alimentaria y de salud.
La víspera, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país contra el golpe militar que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero, poniendo fin a una frágil transición democrática de diez años.
Desde entonces, los militares no han dejado de endurecer la represión.
«Luchamos por la justicia en Birmania», declaró el grupo de piratas informáticos en Facebook. «Es como una gran manifestación ante las páginas web del gobierno», aseguraron.
Un periódico cercano a la junta confirmó que los sitios web militares también habían sido objeto de ciberataques.
En Rangún, los automovilistas bloquearon el tráfico el jueves, por segundo día consecutivo, en un intento de impedir el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Cientos de arrestos
En la segunda ciudad birmana, Mandalay (centro), la policía y el ejército dispersaron a los manifestantes que bloqueaban el tráfico ferroviario, según testigos.
Un miembro de los servicios de emergencia explicó que las fuerzas de seguridad abrieron fuego, pero no pudo precisar si se trataba de balas de goma o munición real.
Cuatro conductores de tren fueron detenidos a punta de pistola en la ciudad, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), con sede en Rangún. Esta asociación denunció más de 500 arrestos desde el golpe militar del 1 de febrero.
A primera hora de la mañana del jueves, once empleados del ministerio de Relaciones Exteriores fueron detenidos por participar en el movimiento de protesta, dijo una fuente del ministerio a la AFP.
En Myitkyina, en el norte del país, los medios locales mostraron filas de camiones militares apostados durante la marcha de los manifestantes.
El miedo a las represalias está presente en el ánimo de los habitantes de este país que ha vivido cerca de 50 años bajo la férula militar desde su independencia desde 1948.
Las fuerzas de seguridad dispararon en varias ocasiones balas de goma, usaron gases lacrimógenos u hondas contra los manifestantes, hiriendo a varios.
Una mujer de 20 años que recibió la semana pasada un disparo en la cabeza, probablemente con munición real, está en estado de muerte cerebral.
Un policía murió el martes debido a las heridas que sufrió en una manifestación en Mandalay.
Pese a ello, los llamados a la desobediencia civil prosiguen : médicos, profesores, controladores aéreos o trabajadores ferroviarios están en huelga contra el golpe.
Sanciones y exigencias
Los responsables de la política exterior de Estados Unidos, India, Japón y Australia reclamaron un «urgente» retorno a la democracia en Birmania, informó el Departamento de Estado.
En un comunicado en el que no se menciona a China, también instaron a un fortalecimiento de la democracia en Asia.
Pekín ha expresado por el momento apoyo a la junta birmana.
Paralelamente, el Reino Unido y Canadá sancionarán a tres generales birmanos por «graves violaciones de los derechos humanos», anunció la cancillería británica.
Las sanciones tienen como objetivo el ministro de Defensa, Mya Tun Oo, el ministro de Interior, Soe Htut, y su adjunto, Than Hlaing.
Noruega también anunció la suspensión de toda inversión en el país asiático.
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(EFE).- Cientos de manifestantes del movimiento negro salieron este jueves a las calles de las principales ciudades de Brasil para exigir al Gobierno de Jair Bolsonaro vacunación en masa y subsidios para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Armados de ollas y platos vacíos que simbolizaron el hambre que padecen los más necesitados, los manifestantes se dieron cita frente a las casas legislativas de 18 de los 27 estados del país para exigir ayuda para enfrentar la crisis económica que los azota por culpa de la covid.
Ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador (Bahía), Recife (Pernambuco) y Brasilia, fueron las principales protagonistas de las protestas.
Organizada por la Coalición negra por derechos, una organización conformada por unos 200 grupos del movimiento negro brasileño, la protesta exigió al Gobierno de Bolsonaro el regreso del subsidio económico para trabajadores informales y personas de escasos recursos que perdieron sus trabajos con la llegada de la pandemia.
Asimismo, hicieron un llamado para que la vacunación sea garantizada a toda la población, en su mayoría negra, para frenar la pandemia que ya deja cerca de unos 242.000 muertos y 10 millones de personas contagiadas en Brasil.
En Sao Paulo, los manifestantes llegaron a paralizar el tráfico de la principal avenida de la ciudad, tras montar sobre la vía la palabra «Fome» (hambre) con una serie de platos vacíos.
«Paramos la mayor Avenida de Sao Paulo, la Paulista, que tiene una simbología importante. Escribimos ‘Fome’ en el piso, que infelizmente es una palabra que hoy en día simboliza el hambre de millones de brasileños, en especial mujeres y negros», aseguró a Efe Simone, una joven líder del Movimiento Negro Paulista.
Para enfrentar la crisis causada por la pandemia, el Gobierno de Bolsonaro entregó, a partir de abril del año pasado, un subsidio denominado «auxilio de emergencia» para las personas más necesitadas que perdieron sus ingresos por las medidas de aislamiento social impuestas por la pandemia.
El subsidio benefició por 7 meses a casi 70 millones de personas con 600 reales mensuales (unos 100 dólares), un monto que en octubre se redujo a la mitad y que fue abonado por última vez en diciembre.
El líder ultraderechista ha manifestado en varias oportunidades las dificultades de ampliar por más tiempo el subsidio, pero el Ejecutivo busca opciones como congelar salarios públicos para otorgar un monto de unos 200 reales (unos 37 dólares) por 3 meses y que los Gobiernos regionales también otorguen subsidios.
Sin embargo, ya casi se cumplen dos meses de 2021 y hasta el momento no se ha definido nada.
Brasil es el país con mayor número de afrodescendientes del mundo y casi el 55 % de su población es negra o mulata. No obstante, el 75 % de los pobres de todo el país son negros, los más afectados por la pandemia.
«Las personas negras no son solo la mayor parte de la población brasileña, son casi el 55 % de todo el país pero también es uno de los sectores mas precarios de la sociedad, pues tienen menos acceso a educación, a trabajo regular o a vivienda», dijo a Efe Paula Núñez, una concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la ciudad de Sao Paulo.
«Nuestro pueblo a la final siempre es el más impactado y ahora más con la retirada de esa política (subsidio) que fue tan importante en un momento de pandemia», agregó.
África superó los 100,000 decesos por covid-19 según un recuento de la AFP el jueves a las 17H20 GMT a partir de balances de las autoridades sanitarias.
Los 54 países del continente totalizan 100,000 decesos (por 3,341,197 casos declarados), lo que representa un saldo claramente inferior a Europa (818,912 decesos), América Latina y el Caribe (649,006 muertos) y Estados Unidos y Canadá (512,295 decesos). Sudáfrica concentra cerca de la mitad de los decesos, con 48,478 casos.
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Autoridades mexicanas culminaron la identificación de los cuerpos de 16 ciudadanos guatemaltecos que fueron hallados calcinados el mes pasado en una zona fronteriza con Estados Unidos, informó este jueves la fiscalía estatal de Tamaulipas, en el noreste del país.
En la masacre, ejecutada presuntamente por policías coludidos con sicarios del crimen organizado, fueron asesinadas 19 personas, tres de ellas de nacionalidad mexicana, en una zona rural del municipio de Camargo.
Se presume que los 16 guatemaltecos eran migrantes indocumentados y que al menos uno de los mexicanos habría estado implicado en tráfico de personas. Hasta ahora, 12 policías estatales y ocho agentes migratorios han sido detenidos como sospechosos de la matanza.
La fiscalía de Tamaulipas informó también que se reunió con el embajador de Guatemala, Mario Búcaro Flores, y otros funcionarios de ese país para tratar el proceso de repatriación de los cuerpos.
«La entrega se llevará a cabo una vez que hayan sido concluidos y elaborados los dictámenes multidisciplinarios. Los funcionarios acordaron mantener la cooperación para lograr la entrega de los cuerpos completos de forma digna a sus familiares», detalló la dependencia en un comunicado.
Los 19 cadáveres fueron hallados el 22 de enero en un camino rural al interior de un vehículo pick up que había recibido 113 impactos de bala y fue posteriormente quemado, según investigaciones de las autoridades.
Habitantes del pueblo de Comitancillo, en Guatemala, sospechan que entre las víctimas podrían estar allegados suyos que por esos días habían decidido cruzar México con ayuda de traficantes de personas, en un intento por llegar a Estados Unidos.
Tamaulipas, con costas en el Golfo de México, es la ruta más corta para llegar a Estados Unidos desde el sur, pero es peligrosa por la presencia de bandas que secuestran, extorsionan y asesinan a migrantes.
Camargo, el área donde fueron hallados, es una zona de disputas entre el cártel del Noreste, surgido de Los Zetas, que controla parte de Nuevo León, y el del Golfo, que por décadas ha actuado en Tamaulipas.
En agosto de 2010, un grupo de 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron asesinados por presuntos Zetas en San Fernando, Tamaulipas.
México suma más de 300,000 asesinatos desde que el gobierno militarizó la estrategia contra el narcotráfico en 2006, según datos oficiales.
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Miles de campesinos guatemaltecos pidieron este jueves en una masiva marcha en la capital la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, por el endeudamiento y supuesto mal manejo de la pandemia de coronavirus.
Los manifestantes, convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), salieron de cuatro puntos distintos de la capital para llegar a la plaza central frente al antiguo Palacio de Gobierno y exigir la dimisión del gobernante.
«El pueblo ha vuelto a las calles exigiendo justicia y exigiendo la renuncia de todos los corruptos», dijo durante la caminata la diputada indígena Vicenta Jerónimo, del partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), brazo político del Codeca.
El gobernante ha sido duramente criticado por presuntamente haber fracasado en el manejo de la pandemia y haber pedido unos 3.500 millones de dólares en deuda al Congreso, cuyo manejo es cuestionado por su opacidad.
Hasta el miércoles, según datos del ministerio de Salud, Guatemala registraba 6.164 muertos y 168.880 contagiados por covid-19.
El país espera recibir a finales de febrero uno de sus primeros lotes a través de Covax, un mecanismo de la OMS que agrupa a 150 naciones -60 ricas y 90 en vías de desarrollo- para garantizar un acceso equitativo a la vacuna contra el covid-19.
En la protesta, los campesinos también pidieron la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, a quien acusan de entorpecer la lucha contra la corrupción estatal.
Asimismo, los manifestantes rechazaron la criminalización de su lucha y condenaron la muerte de varios líderes de esa organización.
Ante ello, pidieron a la Fiscalía investigar y enjuiciar a los responsables de esos crímenes, así como las muertes contra niños y mujeres que se han dado en las últimas semanas.
Los manifestantes también piden a los diputados del Congreso la nacionalización del servicio de energía eléctrica, privatizada a finales de 2000.
Mauro Vay, coordinador del Codeca, declaró a periodistas que presentarán una iniciativa de ley para la «nacionalización de los servicios privatizados», principalmente la energía eléctrica.
«El camino que consideramos que nos puede sacar de la debacle en la que estamos es la asamblea nacional constituyente popular y plurinacional, por lo que se presentará un proyecto de ley al Congreso para la recuperación de los bienes del estado», afirmó a su vez Percy Stormont, integrante de Codeca Urbana.
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Santo Domingo Este. –Exempleados del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este protestaron este jueves en reclamo de sus prestaciones laborales.
Explicaron que tienen varios meses presentándose en la sede para exigir el dinero que les corresponde.
Aseguraron que siempre les dicen que les resolverán el problema, pero no hacen nada.
Asimismo, denunciaron una supuesta mafia que existe con una exdiputada en el Ayuntamiento, a la que le tramitan los cheques de los extrabajadores y esta se los a un 10%, para luego sacarle el cheque a ella.
Santo Domingo.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, coordina con el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´Aza, y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, acciones para fortalecer la transparencia y apego a la ética de los gobiernos locales.
El secretario general de la LMD dijo que tiene el compromiso y la determinación pública, junto a la DIGEIG, de fijar los estándares de gestión de esta institución.
“Desde la Liga tenemos el compromiso de desarrollar las directrices del presidente Luis Abinader sobre la ética, la transparencia y la calidad del gasto en los gobiernos locales y, por ello, la coordinación y trabajo conjunto con la DIGEIG son fundamentales”, expresó D´Aza.
Dejó claro que su gestión se enmarcará en los valores de transparencia y buena administración a la que la sociedad dominicana aspira, buscando siempre la profesionalización, planificación, transparencia, participación, la rendición de cuentas y la integridad.
De su lado, Ortiz Bosch destacó la importancia de trabajar junto al organismo asesor de los ayuntamientos y Fedomu, para que el Estado asiente la visión y lineamientos del sistema de integridad pública que impulsa la DIGEIG en los gobiernos locales.
“Estas acciones son de gran relevancia para la ciudadanía por ser el nivel de gobierno más cercano a las personas y las comunidades”, enfatizó la funcionaria.
La Justicia chilena anuló este jueves la expulsión de 51 migrantes venezolanos, la mayoría de ellos devueltos la semana pasada a su país en un avión militar tras su ingreso irregular a Chile.
En un fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la ciudad de Iquique (2.100 al norte de Chile) se acogió un «recurso de amparo» presentado en favor de 51 venezolanos que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, al estimarse que con su expulsión se afectó «la libertad ambulatoria de las personas amparadas».
La sentencia judicial explica que la orden de expulsión «no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión».
Con ello, agrega el fallo, se trasgredió «su garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictación de la medida reclamada».
El miércoles de la semana pasada, al menos 86 inmigrantes venezolanos y colombianos, y otros 52 peruanos y bolivianos fueron expulsados de Chile tras haber entrado irregularmente al país.
En un avión que partió de Iquique, vestidos con vistosos overoles blancos, colombianos y venezolanos fueron trasladados de vuelta hacia sus países. Ellos habían cruzado de forma irregular por pasos no habilitados entre Bolivia y Chile, en pleno altiplano andino.
Los bolivianos y peruanos regresan en autobús a sus países, limítrofes con Chile.
«Se trata de gente que no ha cometido delitos graves, corresponde que sean expulsadas, corresponde dar potente señal que quienes quieren venir a Chile tienen que sacar la visa sincerando los motivos por los cuales quieren venir», dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que lidero el operativo.
Según autoridades locales, la frontera norte de Chile se ha convertido en un concurrido paso de migrantes irregulares.
Durante enero, según los registros oficiales, cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros, diez veces más que el año pasado.
Desde 2014, cerca de 500,000 venezolanos se afincaron en Chile escapando de la crisis política y económica en su país y se han convertido en la colonia extranjera más numerosa.
En 2018, el gobierno de Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente. Del total de peticiones, solo se cursaron cerca del 27% de las visas.
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