(EFE).- Ecuador trata de entender la matanza desatada el martes dentro de cuatro de sus prisiones, mientras las autoridades judiciales siguen las pesquisas para descifrar lo ocurrido sin descartar, según expertos, que los hechos puedan estar solapados con el narcotráfico.

Mientras, decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde por la mañana ante la prisión de Guayaquil y la morgue de la ciudad para pedir los restos de los reclusos que murieron en la secuencia de enfrentamientos, los peores en la historia penitenciaria del país.

LA PEOR MASACRE

A las puertas del centro penitenciario y la morgue de la ciudad portuaria donde tuvo lugar la principal masacre, 37 muertos en dos dependencias, estaban aglomeradas más de cien personas desde la mañana para obtener cualquier información acerca de los suyos.

Los sucesos del martes en tres centros penitenciarios han conmocionado al país que, aunque conocía de motines en el pasado, nunca imaginó un baño de sangre de ese alcance.

Los enfrentamientos se sucedieron uno tras otro en dos dependencias de un centro de Guayaquil, el de Turi en Cuenca, y el de Cotopaxi en Latacunga, sin que los carceleros pudieran hacer nada para impedirlo.

«No entendemos a qué niveles puede llegar el comportamiento humano», decía en declaraciones a la prensa el alcalde Latacunga, Byron Cárdenas, quien reflexionaba que si dentro de las prisiones los presos tienen semejante nivel organizativo y armas, no se imagina lo que habrá fuera de esos muros.

Como en Guayaquil, militares y policías también seguían apostados hoy en la prisión de Latacunga, donde ayer murieron ocho personas, en previsión de nuevos motines, dado que las estructuras orgánicas del servicio de prisiones no están diseñadas para controlar eventos masivos, a duras penas uno de pequeño alcance y de forma puntual.

«Nuestro sistema es totalmente deplorable en este Gobierno. Hay que aumentar al personal penitenciario, columna vertebral del sistema», advirtió en rueda de prensa Jhonny Cadena, excarcelero, o como se los conoce en Ecuador, «guía penitenciario».

RELACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO

Los enfrentamientos del martes fueron coordinados al mismo tiempo en cuatro focos distintos, organizado, según creen las autoridades, por dos bandas que, aparentemente, se disputan el control de las prisiones y del mercado delictivo.

«La una son los Choneros, brazo armado del Cartel de Sinaloa, y el otro son los Lagartos, que estarían operando con el Cartel Jalisco Nueva Generación», explicó a Efe Arturo Torres, investigador criminológico y autor de libros como «El juego del camaleón» y «Rehenes».

«Es una disputa del mercado delictivo y del narcotráfico que excede las fronteras del país», agregó sobre los principales grupos, aunque, dijo, hay otras bandas menores.

En 2020, la Policía ecuatoriana capturó 130 toneladas de cocaína, una cifra récord en el país, que solía incautarse de promedio de unas 90 anuales.

FALTA DE CARCELEROS

Frente a esa capacidad organizativa y delictiva, un servicio penitenciario que ha caído en la dejadez de sucesivos gobiernos.

«Hay un déficit de guías penitenciarios del 70 % pues actualmente hay cerca de 1,500, cuando se requieren al menos 7,000», explicó a Efe Ricardo Camacho, subsecretario del Ministerio de Justicia y encargado de los centros carcelarios entre 2017 y 2018.

El llamado Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI, por su acrónimo mucho más cómodo), regenta más de 60 cárceles en Ecuador, aunque el martes, su director, Edmundo Moncayo, resaltó que los centros de Guayaquil, Cuenca y Latacunga concentran el 70% de los 38,693 presos del país.

Los centros penitenciarios, según el SNAI, tienen una capacidad de capacidad para 29.897, es decir, sufren un hacinamiento del 29,42 %, pero eso no es lo peor.

Debido a la debilidad del sistema, las bandas más organizadas y poderosas han llegado a establecer un control interno frente a lo cual poco pueden hacer los funcionarios, que a decir de Torres, también han caído en la «corrupción».

El revuelo ha llevado a alcaldes, activistas y todo tipo de personas a pedir el traslado de los presos más peligrosos fuera de su entorno.

NO ES PUNTO Y FINAL

Pero el sufrimiento de la jornada lo cargan sobre sus hombros los familiares que han pagado el precio de la barbarie en un suceso que el país nunca había visto antes, o de aquellos que siguen con vida y aún están adentro.

Porque temen que las masacres den pie a un ajuste de cuentas aún mayor y que siga el círculo vicioso de la violencia.

«Ellos ruegan porque los ayuden, porque los van a matar, los han amenazado que los van a matar. Ellos no piden que los saquen (de prisión), sino que requisen las armas que hay», se lamentaba una mujer por un canal de televisión local en el sur de Ecuador, tras recibir el audio de un familiar recluso en Cuenca, el otro foco más sangriento con 34 fallecidos.

Las dantescas imágenes por redes de cuerpos seccionados, decapitados o colgados de las celdas, cuya autenticidad no ha sido confirmada, dan lugar a mucha rumorología y temor.

Las advertencias son numerosas entre los familiares, por redes sociales y hasta en los medios de comunicación, donde se alerta de nuevos enfrentamientos o pequeños intentos de amotinamientos.