Silvia Soto Fernández, politóloga, y especialista en Democracia y Derechos Humanos consideró hoy que la gran resistencia de un sector del Congreso, compuesto por los tres partidos mayoritarios en una alianza con partidos minoritarios representantes del conservadurismo de permitir la aprobación de un Código Penal garantista de derechos es sumamente preocupante y vislumbra un retroceso democrático para el país.
Entiende que la República Dominicana vive un momento de oscurantismo en lo que respecta a la representación política actual en el Congreso, y que el conservadurismo se ha crecido en la presente gestión del poder legislativo a pesar, de que quedó evidenciado en el torneo electoral pasado que la incidencia de la iglesia no es determinante al momento de la ciudadanía elegir sus representantes, pues son bien conocidos los casos de la senadora Faride Raful, el diputado Horacio Rodríguez del Distrito, y el de la diputada Jacqueline Montero de San Cristóbal, representante de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Asimismo, dijo que la alianza conservadora entre los congresistas de los partidos mayoritarios (PRM, PLD y FUPU) y varios minoritarios de reconocida ideología también conservadora, evidencia la falta de liderazgo de estas organizaciones y la falta de identidad ideológica.
“El primer caso se evidencia cuando por ejemplo, a pesar de que oficialmente los mayoritarios expresaron su respaldo a las tres causales, y en el caso del Partido Revolucionario Moderno expresó su oposición al famoso “barrilito” los legisladores tomaron sus propias decisiones”, enfatizó.
Expresó que una causa fundamental de la debilidad institucional de los partidos es la falta de formación ideológica y doctrinal de sus miembros, y que más del 90% de los militantes de todos los partidos en el país desconocen los principios doctrinales de los mismos. Por lo que es importante que dichos partidos asuman programas de formación de sus miembros con responsabilidad.
“La mayoría de los congresistas parecen no entender que el mundo vive en la era posmoderna, en el siglo XXI, y que esto implica que los grandes relatos en los que se sustentan los credos religiosos ya no son suficientes para saciar la sed respeto a la individualidad, a la diversidad y a la de inclusión de los ciudadanos y ciudadanas”, resaltó.
Agregó que la mayoría de los congresistas actuales demuestran una falta de empatía y respeto al 51% de los votantes que son mujeres oponiéndose a la aprobación de las tres causales, a pesar de que el país ocupe el segundo lugar en tasa de feminicidio en la región de acuerdo a la CEPAL en el 2020, y demuestran su anacronismo al pretender, que el país continúe siendo uno de los 5 en el mundo en los que no existen las tres causales.
Aseguró que lo mismo ocurre con el rechazo a que se preste una atención especial a la discriminación, por temas como el de la preferencia sexual, pues las consecuencias de que a alguien lo discriminen por sobrepeso, ser alto o bajito, pobre, etc., no es lo mismo que lo hagan por preferencia sexual.
Para respaldar esta última opinión, citó el estudio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) y la embajada del Reino Unido en la República Dominicana, a través del proyecto «Ser LGTBI en el Caribe» del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, “el 96,7 % de la comunidad LGTBI en la República Dominicana asegura haber sido víctima o presenciado alguna forma de violencia derivada de su orientación sexual o identidad de género durante la adolescencia”.
