El presidente Luis Abinader acaba de darle un fuerte espaldarazo al Ministerio Público, al proponer a la magistrada Yeni Berenice Reynoso Gómez como nueva Procuradora General de la República, la cual fue designada en el cargo por el voto unánime del Consejo Nacional de la Magistratura, todo el pasado viernes.
Yeni Berenice, como la gente prefiere llamarle, viene de realizar un extraordinario trabajo como Directora General del Ministerio Público, participando en forma activa en varios de los más escandalosos casos de corrupción que se ventilan en la justicia.
Pocas personas dudaban que ella sería la nueva Procuradora, quedando en el camino las conjeturas interesadas que apuntaban a una supuesta crisis en el partido de gobierno por su inminente designación, lo cual fue desmentido.
Pero, el espaldarazo del presidente Abinader al Ministerio Público va más allá de la propuesta de la nueva procuradora, porque el mandatario ha propuesto como adjuntos de Yeni Berenice a por lo menos tres procuradores de corte con más de 20 años en la carrera del Ministerio Público. Otros adjuntos actuales serían ratificados.
Con esas nominaciones el mandatario está reiterando su compromiso por fortalecer la independencia del Ministerio Público, que no ha dejado de manifestar y en traducir en acciones como la reciente reforma de la Constitución.
El Ministerio Público tiene muchos retos para los próximos años, en especial seguir fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, así como abocándose a resolver tareas internas pendientes, alusivas a su estructura, concursos para titularidades y las garantías previsionales para sus miembros.
La nueva jerarquía funcional del Ministerio Público se vislumbra como un equipo experimentado, coherente y unificado en torno al liderazgo de Yeni Berenice, lo que permitirá seguir persiguiendo y combatiendo la criminalidad con mayor eficiencia y entusiasmo.
Debemos desear el mayor de los éxitos a este nuevo equipo de procuradores, confiados en que el Ministerio Público seguirá cumpliendo su misión constitucional de perseguir y procesar a los infractores, respetando los derechos fundamentales de los encartados.
