En los últimos días ha vuelto al tapete la posibilidad de que la República Dominicana vuelva a reconocer la competencia contenciosa de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esto ha generado diversas reacciones a favor y en contra.
El país estuvo participando activamente en la Corte IDH desde el 1999 hasta mediados del 2014, cuando el Tribunal Constitucional anuló el reconocimiento de la competencia. Hasta ese momento, el país había tenido una jueza como miembro de ese tribunal regional, usado su jurisprudencia como precedentes y tenido que enfrentar varios casos de violaciones de Derechos Humanos, uno de ellos el del profesor Narciso González (Narcisazo).
Para volver a la Corte IDH, respetando siempre la sentencia 256-14 del TCRD, lo único que se requiere es que el Congreso Nacional ratifique la voluntad del Estado Dominicano de aceptar la competencia de ese tribunal, creado por la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).
El «error» que el Estado Dominicano cometió en el 1999, al comunicar la aceptación de la competencia de la Corte por una simple comunicación del Poder Ejecutivo, quedaría subsanado.
Ahora bien, ¿cuál es la ventaja para el país de volver a la Corte IDH? Simplemente, que con esa aceptación los casi 11 millones de dominicanos tendrán derecho a acceder a la justicia interamericana para la preservación o el restablecimiento de los derechos que le reconoce la CADH.
Cuando un Estado reconoce la competencia contenciosa de un tribunal regional de Derechos Humanos lo que está haciendo es reafirmar el compromiso internacional que ha asumido de respetar, garantizar y promover la tutela de los derechos que reconoce el tratado o convención ratificado a los habitantes del Estado Parte.
Cuando el derecho y la justicia se hacen con perspectiva o clave ciudadana, y si el ejercicio del poder se piensa en términos favorables a la gente, resulta inevitable favorecer que un país procure un tutela multinivel de los derechos fundamentales de sus habitantes.
En ese caso, esa tutela ampliada o reforzada se lograría si la República Dominicana vuelve a participar plenamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante una nueva ratificación de la competencia contenciosa de la Corte IDH, que no es otra cosa que el derecho de acceso de todos los dominicanos a su jurisdicción. El país tiene once millones de razones para volver a la Corte. Una por cada dominicano.
