San Juan- (EFE).- La Corte Federal para el Distrito de San Juan suspendió este jueves el traslado del inmigrante dominicano Martín Medina de la Cruz fuera de Puerto Rico y ordenó una audiencia de fianza, tal como solicitó mediante una demanda la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.
«Esta victoria envía un mensaje directo y claro al presidente Trump, a las autoridades federales y a las autoridades estatales que han sido cómplices de este patrón de violaciones. Las personas inmigrantes en Puerto Rico tienen derechos», subrayó en un comunicado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
La ACLU de Puerto Rico presentó una petición de ‘habeas corpus’ de emergencia el martes, y una moción urgente para paralizar el traslado de Medina de la Cruz, detenido el 18 de enero de 2026 en Puerto Nuevo, en San Juan.
«Esta determinación debe servir de ejemplo y alerta para los agentes y funcionarios federales que insisten en encerrar a personas inmigrantes que cualifican para procesos de protección humanitaria, en lugar de garantizarles una evaluación justa y el acceso real a sus derechos», expresó la abogada de inmigración Julie Cruz Santana.
La organización sostuvo que la detención fue ilegal, arbitraria y carente de una base legal válida, y que el Gobierno federal pretende transferirlo fuera de la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico de forma inminente.
«Este Tribunal ordena que se le conceda una vista de fianza ante un Juez de Inmigración, a más tardar el 2 de febrero de 2026 a las 5:00 p. m. El Gobierno deberá informar para el 3 de febrero si dicha vista de fianza se ha celebrado y cuál fue su resultado», esgrimió la orden emitida por la jueza federal Gina Méndez, a cargo del caso.
Medina de la Cruz se había presentado voluntariamente ante las autoridades migratorias y mantenía un trámite migratorio pendiente.
Además, Medina de la Cruz, quien ha estado presente en territorio estadounidense desde hace más de cinco años, cuenta con autorización de empleo.
La petición establece que la intervención ocurrió cuando agentes federales seleccionaron a Medina de la Cruz y a otras dos personas de nacionalidad dominicana en el supermercado Placita Caribe, en un sector de alta concentración de población dominicana, motivada por perfilamiento racial.
La orden de la jueza es un remedio provisional que da espacio a la celebración de la vista de fianza en Puerto Rico. Méndez Miró otorgó hasta el 3 de febrero a los funcionarios demandados como representantes del Gobierno federal, para responder a la demanda de la ACLU de Puerto Rico y resolver el caso en sus méritos.
