Escribir es una aventura de la libertad, pero también un acto de escucha. Uno escribe porque las calles hablan. Y cuando las calles hablan así, conviene no interrumpirlas. Hoy no cuentan una anécdota ni lanzan un rumor. Hoy hacen una pregunta seca, incómoda, casi obscena: ¿usted sabe lo grave que es someter a un paciente sano a cuatro cateterismos?
La pregunta no busca respuesta técnica. Busca algo más elemental: sentido común, humanidad, vergüenza. Porque estamos hablando de prácticas médicas que nunca debieron ocurrir. No de errores puntuales ni de decisiones discutibles, sino de intervenciones invasivas realizadas sin justificación clínica. Cuerpos sanos tratados como enfermos. Personas convertidas en expedientes rentables.
El caso Senasa no destapa solo un fraude económico. Destapa una estructura mafiosa que entendió la salud pública como un negocio y la enfermedad como una oportunidad. Aquí no se robó solo dinero. Se robó confianza. Se manipuló el miedo. Se jugó con la vida de gente que acudía a un hospital creyendo que allí la iban a cuidar.
Lo más inquietante es que esto no ocurrió en un sótano oscuro ni en una clínica clandestina. Ocurrió en centros conocidos, con médicos reconocidos, en Santiago y en el interior. Batas blancas, salas limpias, diplomas en la pared. Y, según avanza la investigación, lo que viene será peor. La verdad está a punto de explotar y los nombres empezarán a caer como fichas de dominó.
Quimioterapia y radioterapia aplicadas a pacientes sanos. Dicho así suena a barbaridad, pero es exactamente eso. Tratamientos agresivos, devastadores, que incluso cuando están bien indicados dejan secuelas. Imaginar su uso sin necesidad médica no es solo un delito: es una forma de violencia.
Por eso las calles dicen algo muy claro. Los que participaron en el robo del sistema nacional de salud no pueden ser perdonados. No por enfermedad sobrevenida, no por negociación con el Ministerio Público, no por cálculo político. No se negocia con quienes se hicieron ricos con la muerte, o con la amenaza de muerte, de otros.
Si lo que está saliendo de la investigación judicial es cierto, debe caer todo el peso de la ley. Sobre médicos, clínicas y funcionarios.
Sin atajos ni excusas. Porque dejar a un pueblo sin protección médica es el mayor crimen político que se puede cometer contra una sociedad. Y lucrarse con esa desprotección es algo que no puede ni debe olvidarse. Demuéstrenme que estoy equivocado…
