Santo Domingo.- La campaña militar “Lanza del Sur”, desplegada por Estados Unidos en aguas del Caribe, ha colocado a República Dominicana en una posición estratégica de gran relevancia. La presencia del portaaviones USS Gerald Ford frente a las costas venezolanas, junto con la visita del ministro de Guerra estadounidense a Santo Domingo y el acuerdo para que aeronaves norteamericanas se abastezcan en aeropuertos dominicanos, son señales claras de que Washington busca intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. En este contexto, República Dominicana se convierte en un aliado logístico clave, pero también en un país que debe actuar con prudencia y memoria histórica para no comprometer principios esenciales de soberanía y autodeterminación.
La relación histórica entre la patria de Duarte y la de Bolívar, obliga a recordar gestos de solidaridad que marcaron la defensa de la democracia dominicana. Fue en tierras venezolanas donde Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria, encontró acogida en su exilio. El expresidente Rómulo Betancourt denunció con firmeza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, enfrentando incluso un atentado con carro bomba por su postura democrática. Más recientemente, Hugo Chávez ofreció petróleo a precios preferenciales durante la crisis de 2012, contribuyendo a aliviar las tensiones económicas en el país.
Estos episodios constituyen recordatorios de la gratitud que República Dominicana debe conservar hacia la patria de Simón Bolívar y los caraqueños que, en momentos puntuales de la historia pasada y reciente, han dado señales inequívocas de respaldo a Santo Domingo y su pueblo.
Apoyar la presión internacional para que Venezuela retorne a la institucionalidad democrática es legítimo, pero el Gobierno que dirige Luis Abinader debe asegurarse de que su respaldo no se traduzca en permitir acciones militares desde su territorio y desde sus aeropuertos. El reconocido politólogo estadounidense Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, ha advertido que “la presión internacional es necesaria, pero las intervenciones militares, incluso cuando se justifican en términos democráticos, tienden a producir inestabilidad prolongada”. La historia regional confirma esa advertencia.
La invasión estadounidense de 1965, avalada vergonzosamente por la OEA, dejó heridas profundas en la memoria de la tierra de Duarte, Sánchez y Mella.
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Como afirma la historiadora dominicana Mu-Kien Adriana Sang, “la intromisión extranjera en conflictos internos casi nunca resuelve el problema de fondo; por el contrario, suele agravar la crisis política y social”. Esa lección sigue vigente: la autodeterminación de los pueblos es un principio irrenunciable.
El régimen de Maduro debe abrir paso a una Venezuela democrática capaz de recibir a los más de siete millones de ciudadanos que han emigrado huyendo de la crisis y el autoritarismo. Pero, como sostiene el jurista español Javier Couso Permuy, experto en derecho internacional, “las transiciones políticas no pueden construirse sobre la negación de la soberanía, porque entonces su legitimidad queda comprometida desde el origen”.
República Dominicana tiene la oportunidad de apoyar la causa democrática venezolana como un gesto de coherencia y solidaridad, pero debe hacerlo sin comprometer su soberanía ni convertirse en instrumento de presiones militares ajenas. El respaldo a Estados Unidos debe estar guiado por el Derecho Internacional, evitando que derive en complicidad con acciones que violenten procesos constitucionales y principios positivizados por el derecho internacional, como acuerdos entre el concierto de Naciones que creen en los regímenes democráticos y el respeto de sus límites esenciales para la estabilidad mundial y la paz de sus sociedades.
La democracia se defiende con firmeza, pero también con respeto, prudencia y memoria. Permitir una violación de la soberanía venezolana —aunque exista un trasfondo democrático— abriría la puerta para justificar intervenciones futuras en otras naciones, como ocurrió con República Dominicana en 1965. Mantener una postura equilibrada es honrar la historia y proteger los principios que han guiado la lucha de nuestros pueblos.
El reciente diálogo telefónico entre Donald Trump y Nicolás Maduro, reseñado por medios estadounidenses, representa un alivio para quienes creen en las vías diplomáticas como herramienta legítima para la resolución de conflictos. Sin embargo, preocupa el silencio de la OEA ante los movimientos militares estadounidenses en el Caribe, presentados bajo el pretexto de combatir el narcotráfico procedente de Venezuela. Y es válido cuestionar ese argumento: si la preocupación fuese realmente el crimen organizado, la operación “Lanza del Sur” habría comenzado por México o Haití, territorios mucho más vulnerables al narcotráfico que Caracas.
Que caiga Maduro y que Venezuela retome el camino de la democracia y la estabilidad económica, pero nunca a través de una invasión o injerencia armada. La historia dominicana de 1965 y los principios que sostienen el sistema internacional nos recuerdan que los pueblos solo pueden sanar y reconstruir su futuro cuando las soluciones se construyen desde el respeto absoluto a la soberanía y la voluntad de su gente.
La forma en la que se consiga el objetivo será tan importante como el objetivo mismo. Y frente a un líder continental tan poco reflexivo y menos diplomático, ¡hay que mantenerse truchas!, como dirían los mexicanos.
