El Movimiento Reconocido propuso al gobierno dominicano la entrega de documentos a más de 30 mil personas de ascendencia haitiana, cuyos papeles dicen que están retenidos por la Junta Central Electoral, y la reapertura de las oficinas del Ministerio de Interior y Policía para avanzar en el proceso de naturalización especial ordenado por la Ley 169-14 y poner fin a sentencia 168-13.
De igual forma, el movimiento exhortó al gobierno abrir un diálogo con las organizaciones sociales y de derechos humanos para establecer una hoja de ruta y restablecer la nacionalidad de todas las personas desnacionalizadas inconstitucionalmente.
La agrupación dio esta declaraciones mediante una en respuesta a las declaraciones del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el contexto de la manifestación del 23 de septiembre que conmemoraba los once años de la sentencia 168-13.
En la misiva, el movimiento señala que, aunque las medidas propuestas (como la entrega de documentación y la reactivación del proceso de naturalización especial) son pasos importantes, no serían suficientes para resolver completamente el problema de la desnacionalización y apatridia de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia 168-13.
“Estas dos medidas, sin embargo, serían insuficientes para poner fin al problema de la desnacionalización y la apatridia de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13. Lamentablemente, miles de personas no calificaban para ser consideradas parte del llamado grupo A, ni tampoco se registraron para la naturalización especial del llamado grupo B. Sin embargo, también son dominicanas y dominicanos, a quienes no se puede seguir negando sus derechos humanos. El gobierno debe abrir un diálogo con las organizaciones sociales y de derechos humanos para establecer una hoja de ruta para restablecer la nacionalidad de todas las personas desnacionalizadas inconstitucionalmente”, señala el movimiento.
El Movimiento subraya que, aunque el gobierno ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Constitución, es imperativo que estas palabras se traduzcan en acciones inmediatas. La carta reitera que la Constitución de 2010 y el artículo 18 de la misma son claros al reconocer como dominicanos a aquellos que gozaban de la nacionalidad antes de su entrada en vigor. Por lo tanto, el movimiento exige la restitución de la nacionalidad a todas las personas afectadas por la sentencia.
“Si bien la Constitución de 2010 condicionó el ius soli, en términos diferentes a los existentes hasta ese momento en el país, no lo eliminó. Son por lo tanto dominicanas y dominicanos los hijos de inmigrantes haitianos o de otras nacionalidades nacidos después de 2010, de padres residentes legalmente en el país. También son dominicanas las personas nacidas en el país hijas de padres dominicanos y madres extranjeras. Sin embargo, persiste la práctica discriminatoria, ilegal e inconstitucional de registrar a estas personas como extranjeras, negando la adquisición de la nacionalidad por ius soli y ius sanguini, simplemente por tratarse de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Estas dos condiciones deben ser respetadas en el caso de las y los dominicanos de ascendencia haitiana nacidos después de 2010”, indica la carta.
La carta denuncia supuesta prácticas inconstitucionales de agentes migratorios, incluyendo allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y expulsiones basadas en perfilamiento racial.
