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lunes 27, abril, 2026

Proponen que los partidos sean “sujetos obligados” para frenar el dinero del narcotráfico en campañas

Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) reiteró su advertencia sobre la infiltración del narcotráfico en la política dominicana, y llamó al Gobierno, los partidos y el sector privado a adoptar medidas concretas para evitar que dinero ilícito penetre el sistema político y económico del país.

La entidad insistió en su propuesta de que los partidos, movimientos, agrupaciones y candidatos sean considerados “sujetos obligados no financieros”, lo que los comprometería legalmente a verificar el origen de los fondos que reciben durante las campañas electorales. Según PC, esta medida dificultaría el uso de dinero proveniente del narcotráfico y de otros delitos precedentes, reforzando la transparencia y el control financiero en los procesos electorales.

El movimiento expresó su preocupación por las recientes informaciones que vinculan a figuras del ámbito empresarial y político, especialmente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con actividades ilícitas. Afirmó que estos casos exponen las fallas en los mecanismos de control del Estado y en la aplicación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Puede leer: “Ya hoy las cosas no se esconden”, dice Abinader sobre regidor del PRM involucrado en narcotráfico

PC reconoció la postura del PRM al desvincularse de miembros implicados en delitos, pero sostuvo que el partido mantiene una responsabilidad política y ética por permitir su entrada en la organización. Recordó los casos de Miguel Gutiérrez, Rosa Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos, Faustina Guerrero y Héctor Félix, procesados o investigados por narcotráfico o lavado de activos.

Finalmente, Participación Ciudadana exhortó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, liderado por la Procuraduría General, el Consejo Nacional de Drogas y la Superintendencia de Bancos, a ejercer el poder reglamentario que les otorga la ley para clasificar formalmente a los partidos políticos y candidatos como sujetos obligados, fortaleciendo así la transparencia y la integridad de la vida pública.

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