(EFE).- El Gobierno brasileño decidió retirar de la Amazonía a los cerca de 3,400 militares que participan desde mayo pasado en operaciones de combate a la deforestación y a los crímenes ambientales y concentrar su fiscalización en tan sólo once municipios responsables por el 70 % de la tala en la región.
El anuncio fue hecho este miércoles por el vicepresidente brasileño, el general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao, tras una reunión del Consejo de la Amazonía, órgano interministerial responsable por las políticas de protección ambiental en la mayor selva tropical del mundo del que es responsable.
Según el vicepresidente, la participación de militares en operaciones contra la deforestación fue autorizada hasta el 30 de abril y el mandato no será renovado.
Mourao agregó que las operaciones de combate a la deforestación en la Amazonía serán asumidas a partir del 1 de mayo por los fiscales de los órganos ambientales, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), y por las policías regionales.
El envío de miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina a la Amazonía fue autorizado en mayo del año pasado por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como una reacción a las crecientes críticas a la supuesta omisión del Gobierno frente a la devastación de la región y a su discurso antiambientalista.
La intervención militar en el considerado mayor pulmón vegetal del mundo, que vencía inicialmente en octubre y fue prorrogada por otros seis meses hasta abril, permite a los militares participar en operaciones de combate a crímenes e incidentes ambientales, así como de combate a incendios forestales, en áreas fronterizas, reservas ambientales e indígenas y otras áreas vulnerables en la Amazonía.
Los militares asumieron parte de las actividades que eran ejercidas por los fiscales del Ibama, un órgano gubernamental que, como otros del área ambiental, ha sufrido fuertes recortes presupuestarios y de personal desde la llegada de Bolsonaro al poder, el 1 de enero de 2019.
Las organizaciones ecologistas acusan al líder ultraderechista de desmontar los órganos ambientales para incentivar las actividades económicas en la Amazonía, incluyendo la minería en reservas indígenas, una de sus promesas electorales.
Según Mourao, la retirada de los militares y la menor capacidad de actuación del Ibama serán compensadas mediante la concentración de las tareas de fiscalización en los municipios más amenazados por la deforestación en la Amazonía.
ONCE MUNICIPIOS CONCENTRAN EL 70 % DE LA DEFORESTACIÓN
«A lo largo de toda la operación que hemos realizado desde mayo del año pasado constatamos que el 70 % de la deforestación y de los crímenes ambientales se concentra en los once municipios a los que daremos prioridad en la fiscalización en la nueva fase», dijo.
Mourao no identificó tales municipios pero aclaró que son siete en el estado de Pará, dos en Amazonas, uno en Rondonia y uno en Mato Grosso.
«Concentrando nuestros esfuerzos en estos municipios, tenemos condiciones de obtener una reducción significativa de los crímenes ambientales», afirmó.
Pese a la movilización de las Fuerzas Armadas, los índices de deforestación y los incendios forestales se han disparado desde la llegada de Bolsonaro al poder.
En 2019 la deforestación y los incendios crecieron un 85 % y un 30 %, respectivamente, en la Amazonía, según los datos del estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).
De acuerdo con los datos divulgados en noviembre por el INPE, la Amazonía brasileña perdió 11.088 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal entre agosto de 2019 y julio de 2020, un área un 9,5 % superior a la del año inmediatamente anterior (10.129 kilómetros cuadrados) y la mayor para el período en los últimos doce años.
Pero Mourao alega que, entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de enero de 2021 el área desforestada se redujo en un 19 %, hasta 6.400 kilómetros cuadrados.
El vicepresidente agregó que, en caso de que hasta abril se considere necesario, los militares volverán a ser convocados para combatir la deforestación.
Las organizaciones medioambientales y algunos gobiernos europeos han atribuido la creciente devastación de la selva a la retórica antiambientalista de Bolsonaro, quien defiende la explotación de las riquezas naturales y se opone a crear nuevas reservas indígenas.
El aumento de la destrucción de la Amazonía ha llevado a algunos países europeos a amenazar con no ratificar el acuerdo de libre comercio firmado el año pasado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
