La vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud, aclaró que el Gobierno es el único con la autorización de importar las vacunas contra covid-19 porque se trata de una situación estatal donde las farmacéuticas dan garantías solo a Estados oficiales, no a empresas particulares.

La vicemandataria puntualizó que es una responsabilidad del Gobierno garantizar la debida aplicación de la vacuna y la única forma de hacerlo es vía el Estado con el respaldo del Ministerio de Salud Pública y sus dependencias.

“Estas vacunas están recibiendo un permiso especial desde los reguladores internacionales, pero la urgencia impide un registro sanitario. Sin un registro sanitario es imposible comercializar una vacuna a particulares, no hay garantías de nada”, precisó.

En ese sentido, Peña dijo que la intención es procurar la seguridad sanitaria de todos los dominicanos. “Hemos dado cátedra de lo poderoso que somos cuando nos unimos y la vida nos brinda otra oportunidad de volver a hacerlo, tenemos que proteger lo más valioso, que es la vida”.

Fue enfática al decir que cuando asumieron las riendas del Gobierno en agosto pasado no encontraron ninguna gestión de la anterior administración para adquirir las vacunas, por lo que han tenido que negociar con varios laboratorios para tenerlas lo antes posible.

En ese sentido, manifestó que a final de este mes y comienzo del otro se recibirán las primeras dosis para vacunar al personal sanitario de primera línea, luego seguirán con los otros grupos por fases, siendo los que presenten alguna comorbilidad los de primer orden.

La aclaración de la vicepresidenta surge luego de que el secretario general en receso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, considerara una barbaridad y monopolio que solo el Gobierno pueda adquirir y suministrar las vacunas.

El Gobierno dominicano presentó el Plan Nacional de Vacunación contra la pandemia de covid-19, el cual consiste en la administración de las vacunas a toda la población desde marzo próximo, programa que será aplicado por fases y grupos etarios.

En total el Estado aplicará 15.6 millones de dosis a 7.8 millones de dominicanos desde los 18 años en adelante, por lo que han comprado más de 21 millones de dosis de laboratorios distintos como Pfiser, AstraZeneca y Sinovac, las cuales se aplicarán por fase.

La primera etapa es para el personal de salud de primera línea, o sea, los médicos, enfermeras y técnicos que trabajan directamente con pacientes covid positivos. Después de ese grupo le sigue el resto del personal de salud.

Al concluir con esos sectores, le siguen los adultos mayores de 60 años con alguna comorbilidad y después los del mismo rango de edad que no tenga antecedentes patológicos graves.

Luego, el personal militar y policial de primera línea, seguidos del cuerpo de docentes a nivel nacional con la intención de ir preparando los educadores para cuando se abran las aulas con las clases presenciales.

La otra fase incluye a las personas entre 50 y 59 años con alguna comorbilidad y después los de el mismo rango sin enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, cardiopatías, asma, insuficiencia renal o cáncer.

En la última etapa estará el grupo etario entre 18 y 49 años, primero los que tengan enfermedades mortales y luego el resto. En el caso de los menores de edad, no serán vacunados porque el virus no representa peligro mortal para ellos, aunque algunos casos serán considerados dependiendo la comorbilidad.

La administración de las vacunas se hará usando el padrón y los colegios electorales, por lo que cada ciudadano recibirá su tarjeta y dosis directamente en el centro que le corresponde votar. Lo puede localizar en la parte trasera de su cédula.

Para conservar las dosis se adquirieron unos contenedores climatizados o neveras que permiten guardarlas sin problemas. Algunos fueron adquiridos por el Estado y otros donados por empresarios privados.

Las inyecciones usadas y material gastable, como es de alta peligrosidad, será manejado directamente por el Ministerio de Medio Ambiente y los ayuntamientos en un plan que incluye la eliminación de todos esos desperdicios.