Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos revelara que la corrupción gubernamental limita las inversiones extranjeras en el país, el senador de la provincia Peravia, Milcíades Franjul, no cree que en la actualidad se estén realizando esas prácticas, puesto que ahora mismo hay muchos capitalistas haciendo negocios.

» En estos momentos no. Yo no te digo antes, pero en estos momentos no creo», dijo Franjul.

Dijo que de ser cierto el presidente, Luis Abinader no tendrá contemplación con aquellos funcionarios que se dediquen a sobornar a los capitalistas extranjeros.

En ese sentido, instó a los inversionistas que han sido víctimas de corrupción a denunciar a las personas que han cometido el delito.

Indicó que la posición del mandatario desde que asumió el Gobierno es de manejar con transparencia la cosa pública.

Los inversionistas extranjeros en la República Dominicana han externado su preocupación por el clima de corrupción gubernamental que limita sus inversiones en el país, destacando “numerosos problemas sistémicos” y “la falta de reglas claras y estandarizadas para competir”, según el informe sobre el clima de inversión en 2020 en República Dominicana publicado este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe destaca que muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el Poder Judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana.

Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este martes penas de diez a cinco años de cárcel para los seis imputados del caso Odebrecht, empresa constructora brasileña que confesó en Estados Unidos haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a legisladores y funcionarios dominicanos por la adjudicación de obras del Estado.

El organismo acusador exigió, además, el decomiso de todos los bienes que obtuvieron los seis encartados por medio de las alegadas acciones de corrupción en que habrían incurrido.

El Ministerio Público solicita al tribunal el decomiso de los inmuebles, propiedad de los seis implicados en el caso Odebrecht así como sus cuentas bancarias y certificados financieros personales y de sus empresas depositado en distintos bancos del país tanto en dólares como en pesos.

Los imputados son el empresario Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el abogado Conrado Pittaluga Arzeno; el ingeniero Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado, y Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal.

Los fiscales pidieron a la corte 10 años de prisión para Rondón y Díaz Rúa, mientras que para Andrés Bautista, y Roberto Rodríguez, solicitó cinco años de reclusión; asimismo para Pittaluga pidieron siete años de prisión y 200 salarios mínimos.

Santo Domingo.- La Comisión Especial del Senado que estudia el proyecto de ley del Código Penal terminó este martes de escuchar las opiniones de los diferentes sectores interesados en esta conflictiva propuesta en la que se debaten grupos feministas y LGBTQ contra las iglesias y otros segmentos conservadores de la sociedad.

Este proceso inició en el Senado, donde se escucharon las observaciones hechas por los participantes en contra o a favor de las tres causales que permitirían a una mujer abortar un embarazo de manera legal, y sobre la inclusión o no de sanciones contra la discriminación por orientación sexual y género.

En representación de la comunidad LGBTQ, participaron Juan Alberto Francisco y Liken Lee, de Trans Siempre Amigas (Transsa).

Mientras que una coalición de siete organizaciones católicas asistió ante la comisión especial del Senado para presentar sus posiciones sobre el Código Penal.

El abogado Francisco aseguró que en el país existen unas 10 leyes que refieren las palabras orientación o preferencia sexual, género e incluso, sobre identidad: «la Ley de la Policía Nacional, la Ley no. 76-02 del Código Procesal Penal, la ley de Habeas Data, la ley de Organizaciones Políticas, cuya aprobación es relativamente reciente y el artículo 39 de la Constitución».

Señaló que «si en el Código Penal no se pueden usar las palabras preferencia u orientación sexual, por qué el Código Procesal Penal, que rige cómo va a funcionar un juicio o un proceso, están incluidas esas palabras”.

Aseguró que la comunidad LGBTQ es víctima de tratos discriminatorios por su orientación sexual o género y que en el país existen grupos religiosos que promueven el odio hacia esa comunidad.

Por otro lado, siete organizaciones católicas asistieron ante la comisión especial del Senado para también presentar sus posiciones sobre el Código Penal.

Entre la coalición de grupos estaba “40 días por la Vida”, Movimiento Cursillos de Cristiandad, Alianza Vitae, la Comisión Nacional de Pastoral, Colectivo de Abogados por la Vida y la Constitución, Red de Abogados Católicos, Emaus Hombres y Mujeres, Apostolado Courage Latino en la Arquidiócesis de Santo Domingo y Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas (Unilca).

La oftalmóloga Magdalena Piña, de Alianza por la Vida, dijo que presentaron las estadísticas de los últimos 22 años sobre la mortalidad materna que, según afirman, desmienten lo que tildó de “todas las falacias de los lobos abortistas” sobre que ha fallecido una gran cantidad de mujeres por abortar en República Dominicana.

También negó que mueran miles de adolescentes embarazadas por esa causa debido a que insiste en que las estadísticas lo desmienten.

Dijo que no es cierto que en los centros médicos dejen agonizar a las pacientes embarazadas que tienen complicaciones porque existen protocolos médicos para salvar la vida de las personas en esas circunstancias.

SANTIAGO.-Una patrulla de la Policía Nacional mató la tarde de ayer a un hombre de 28 años, que era buscado por homicidio y que presuntamente los enfrentó a tiros con una pistola en un hecho ocurrido en el sector Suelo Duro de Bella Vista, de acuerdo al reporte preliminar de la institución.

Deivy José Marte Rodríguez ¨El Menor¨ de 28 años, murió por heridas de bala que le ocasionaron los agentes policiales que le daban seguimiento con una orden de arresto.

Marte Rodríguez, era buscado por la muerte de Héctor Rafael Romero Hernández (Ray) de 32 años, el pasado 23 de mayo durante un crimen que ocurrió en Pueblo Nuevo, que según la uniformada fue cometido en compañía de un tal ´Winston´ que se encuentra prófugo.

Precisa el informe preliminar que, Deivy José, figura en los archivos de la institución con dos registros por diferentes hechos delictivos. En la escena se ocupó la pistola Browning calibre 9 milímetros que portaba sin documentos y la motocicleta Gato CG200-