NOTICIAS RNN, SANTO DOMINGO.- Jonathan Rodríguez Imbert, exadministrador de la Procuraduría General de la República y uno de los involucrados en el sonado caso «Medusa«, confesó ayer que, actuando bajo instrucciones del entonces procurador Jean Alain Rodríguez y de su jefe de Gabinete en la Procuraduría, Rafael Canó, se reunía con empresas y suplidores de alimentos, recogía el porcentaje acordado de las obras y luego se lo entregaba a ellos «en sus oficinas o casas».
Ante el magistrado que lleva el caso, el acusado admitió los cargos que se le imputan e inculpó de ello a Jean Alain y Canó, declarando lo siguiente:
«En mi puesto, como administrador de la PGR, recibí instrucciones de mis superiores, Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez. Yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones, ya que tenían todo centralizado, y de eso pueden dar testimonios los demás empleados y hasta fiscales.»
«El señor Canó y el señor Rodríguez me enviaban a reuniones con los contratistas, lo que me hacía una especie de canal entre esos contratistas y ellos, con los cuales se tocaban temas desde suplidores de cemento y demás, hasta temas que les molestaban y tenían preguntas (me refiero a los contratistas). De la misma forma, ellos me instruían juntarme con los contratistas y empresas de alimentos y recoger el porciento acordado de las obras y alimentos, para luego entregárselos en sus oficinas o casas, mientras que otros se lo entregaban directamente a ellos».
«Se decía que estos fondos eran para formación y gastos del movimiento político Renovación; Rafael Canó y Jean Alain me dieron instrucciones de abrir y recolectar las informaciones de los sobres de licitaciones de los demás oferentes y dárselos a las personas que ellos indicaban para que fueran beneficiados en licitaciones y procesos».
Dijo que tenía un poder dado por Jean Alain para firmar contratos, asignaciones y demás, pero «todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez». De hecho, puso como ejemplo los pagos a la empresa Fire Control System, en cuyo documento está la firma del exprocurador general, y también destacó que se compró un local en la Zona Colonial, a lo que él se opuso, pero comoquiera lo forzaron a girar el pago.
Su abogada defensora, Ingrid Hidalgo, dijo que el imputado confiesa los cargos que se le imputan y le pide perdón a su familia y a la sociedad.
