Hace pocos días se cumplió el primer año de esta designación, que conlleva la posibilidad de prolongarse por un período adicional único. A los pocos días de iniciar sus funciones la actual gestión, publiqué en este mismo medio un artículo titulado Los desafíos de Yeni, en el que abordé los principales retos institucionales que enfrentaba. A mitad del camino y en víspera del Día del Ministerio Público, estimo conveniente evaluar los alcanzados y los que aún permanecen pendientes.

Con el propósito de hacerlo con la mayor objetividad posible, partiré de algunos de los aspectos destacados en aquel texto y de otros que han surgido en el proceso. Considero que, en este lapso, se han producido avances significativos en la tarea —aún inconclusa— de fortalecer la autonomía del Ministerio Público. La procuradora y su equipo han sabido afianzar su independencia funcional; en otras palabras, han logrado que se respete esta autonomía frente a los demás poderes del Estado, sus agencias, los partidos políticos y los poderes fácticos.

Por ejemplo, el sometimiento realizado en el caso SENASA y la investigación actualmente en curso constituyen un importante aporte institucional en esta dirección. En esta neurálgica tarea, la Procuraduría General no puede hacer concesiones que mermen su autonomía, pues, a la postre, su mayor legado institucional será la consolidación de esta innegable conquista.

Igualmente, no hay duda de que se ha logrado relanzar al Ministerio Público, inyectando mística y sentido de pertenencia y orgullo a sus integrantes. A nuestro juicio, esto se ha obtenido mediante diversas iniciativas orientadas a elevar su dignificación institucional. Cuatro ejemplos permiten ilustrar este avance:

1. Defensa de competencias: Durante la discusión del proyecto de creación del Ministerio de Justicia se garantizó la preservación de atribuciones claves del Ministerio Público, como el control del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

2. Reconocimiento al mérito: Se instauró la Medalla al Mérito Institucional. En un acto solemne se reconoció a diez destacados miembros, iniciativa que se pretende repetir anualmente y, por primera vez, se oficializó el himno de la institución.

3. Seguridad social: El reciente anuncio de la implementación de un sistema mejorado de seguro médico y, por primera vez en su historia, se implementará próximamente el fondo de retiro para los fiscales responde a un añejo y justo reclamo del cuerpo. Se trata, sin duda, de una dignificación indispensable.

4. Carrera administrativa: Se ha afianzado la estabilidad del cuerpo, respetando designaciones previas y ratificando o promoviendo a otros miembros conforme al escalafón. Aún queda pendiente completar la cobertura de plazas que permanecen vacantes.

Ante la indiscutible crisis que atraviesa el sistema de justicia penal —expresada en la saturación de los procesos judicializados—, reconocemos los esfuerzos dirigidos a racionalizar la política de persecución y acuerdos, especialmente mediante las directrices sobre “grandes casos” y el convenio suscrito con el Poder Judicial y la Defensa Pública para impulsar soluciones alternativas que eviten la celebración de juicios.

No obstante, en este sentido se impone una estrategia más inteligente y firme. Resulta imperativo aumentar el número de fiscales, realizar evaluaciones de desempeño rigurosas y estandarizar los modelos de gestión. El Ministerio Público debe ser parte de la solución y evitar, bajo cualquier circunstancia, el agravamiento del problema. Su actuación debe regirse por la objetividad, la legalidad y una planificación más razonable de la persecución penal, principios estos que deben ser innegociables. La siguiente posición fijada hace poco por la procuradora Berenice parece reivindicar este transcendental objetivo: “la independencia del fiscal se basa en la meritocracia y no en los vaivenes políticos».

En cuanto a la profesionalización y tecnificación, destacan dos hitos: la obtención de los terrenos para las nuevas instalaciones del INACIF en el Distrito Nacional y la firma de acuerdos para la modernización de los departamentos investigativos mediante el uso de inteligencia artificial y otros avances tecnológicos. Esperamos que estas mejoras se extiendan también a las oficinas regionales, que aún presentan limitaciones técnicas y de recursos humanos especializados.

A pesar de estos avances, consideramos que la formación profesional amerita profundizarse. La Escuela del Ministerio Público requiere un relanzamiento que fortalezca la capacitación especializada de sus miembros y colaboradores.

También, la Procuraduría General tuvo un rol destacado en los esfuerzos institucionales desplegados para la aprobación del Código Penal y del Código Procesal Penal. Esperamos que esta diligente proactividad se mantenga para lograr la pronta aprobación de la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, entre otras iniciativas legales llamadas a producir un impacto favorable en el sistema penal.

Asimismo, constituye un acierto de esta gestión la puesta en funcionamiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC), con 37 oficinas y 146 abogados. De esta forma, se comienza a subsanar una deuda histórica del Estado con las víctimas. Es deseable sí, que estos profesionales exhiban estándares de formación similares —o incluso superiores— a los de los defensores públicos, y que el servicio cuente con una difusión pública efectiva para llegar a quienes más lo necesitan.

En definitiva, al concluir este primer tramo de gestión, se han alcanzado metas relevantes. Por ello, existen motivos para afrontar el próximo año con optimismo, confiando en que los retos pendientes puedan superarse en beneficio del fortalecimiento del Ministerio Público y, por ende, de la sociedad y del Estado de derecho.