El anuncio del presidente Luis Abinader sobre la implementación de 15 medidas para contrarrestar la inmigración ilegal haitiana es un paso necesario y vital para garantizar la seguridad y bienestar de la República Dominicana.
La migración irregular desde Haití, que se ha agudizado por la crisis política, económica y social que enfrenta el vecino país, ha sido un desafío constante.
Ante esta situación, la adopción de acciones claras y decididas es una muestra de responsabilidad en la protección de la soberanía nacional.
El gobierno ha demostrado su compromiso con el orden en el país, destacando la importancia de regularizar los flujos migratorios y frenar la entrada ilegal de extranjeros.
Esta preocupación no solo responde a la necesidad de controlar la frontera, sino también de garantizar un trato justo y ordenado para aquellos que buscan oportunidades de manera legal.
No obstante, no se puede dejar de lado el desafío que supone implementar esas medidas por parte de las autoridades ya que no podemos olvidar que, por ejemplo, la entrada de ilegales por la frontera depende en gran medida de los militares que están llamados a defender nuestro territorio.
El éxito de cualquier política pública depende de su ejecución en el terreno.
Además es crucial que las instituciones encargadas de la seguridad y el control migratorio cuenten con los recursos, la capacitación y el compromiso para llevar a cabo una vigilancia rigurosa y garantizar el cumplimiento de la ley.
