SANTO DOMINGO.- Las 6,830 toneladas de carne incautadas el pasado viernes por las autoridades habrían sido extraídas del vertedero de Duquesa con la presunta intención de ser comercializadas para consumo humano, de acuerdo con los datos compartidos por la Policía Nacional.
Por este caso, las autoridades señalan como presuntos responsables a Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
De acuerdo con las informaciones, el pasado viernes las autoridades realizaron un allanamiento en el sector Los Casabes, en Santo Domingo Norte, donde se desmanteló un centro clandestino dedicado al almacenamiento y comercialización de productos comestibles recolectados de dicho vertedero.
Las autoridades indicaron que la carne encontrada estaba almacenada sin ningún tipo de control sanitario, lo que constituye una grave violación a las normativas de salud y seguridad alimentaria.
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— Noticias RNN (@NoticiasRNN) April 27, 2026
Mediante una nota de prensa, la Policía Nacional explicó que, por disposición de las autoridades competentes, la carne fue trasladada bajo custodia y posteriormente destruida en el mismo vertedero de Duquesa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de desechos biológicos y productos contaminados.
El operativo fue realizado mediante orden judicial por miembros de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y unidades de la Policía Preventiva.
Otros productos incautados
Durante la intervención, realizada en coordinación con el Ministerio Público, también fueron ocupadas más de 18,000 unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, incluyendo medicamentos irregulares, cosméticos adulterados, productos de higiene personal vencidos, alimentos no aptos para el consumo y bebidas alcohólicas falsificadas.
Las evidencias recolectadas permanecen bajo cadena de custodia, mientras continúan las investigaciones para determinar la magnitud de la red y establecer responsabilidades penales.
