Una decena de manifestantes prodemocracia murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Birmania, que siguen usando munición real para reprimir estas protestas.
Entre cortes de internet y olas de detenciones, la junta militar sigue intentando asfixiar a sus detractores desde el golpe de Estado que derrocó a principios de febrero al gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
La dirigente, que continúa detenida en un lugar secreto, enfrenta cuatro cargos, entre ellos «incitación a desórdenes públicos».
En tanto, al expresidente de la República, Win Myint, que ya fue acusado de no respetar las restricciones vinculadas con la pandemia, se le acusa ahora de violar la Constitución.
Por su parte, seis periodistas birmanos fueron acusados de violar una ley de orden público recientemente modificada por la junta, que abarca a todo aquel que «cause miedo en la población, difunda información falsa» o «incite a la desobediencia y a la deslealtad de los funcionarios».
Pese a todo, los birmanos siguen saliendo a las calles para reclamar la marcha de los generales golpistas y la liberación de cientos de detenidos encarcelados en las últimas semanas.
El ejército, que sigue ignorando las condenas internacionales, no reconoce el resultado de las elecciones en noviembre en las que se impuso el partido de Suu Kyi y prometió la celebración de nuevos comicios.
Fuente: AFP.
