SANTO DOMINGO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló en su Informe Anual 2025 que el hacinamiento en las cárceles del país alcanza un 63%, con una población penitenciaria de 24,725 personas.
Aunque el organismo reconoció avances institucionales, como el primer «catastro nacional penitenciario» lanzado en junio para actualizar la información del sistema, subrayó que las deficiencias estructurales persisten.
El informe destaca la habilitación progresiva del centro de reclusión «Las Parras», que con sus 2,400 nuevas plazas busca aliviar la sobrepoblación.
Asimismo, la CIDH valoró los esfuerzos de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria en materia de reinserción, mencionando convenios de becas universitarias y acuerdos laborales para internos en fase de «medio libre».
Por otro lado, el organismo expresó ambivalencia ante la reciente reforma al Código Penal, aunque apoya las medidas de semilibertad, mostró preocupación por el aumento de las penas máximas hasta los 60 años.
Un punto de especial alarma para la Comisión es el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.
El documento detalla condiciones deplorables en las denominadas «celdas de reflexión» y graves fallas en la atención médica. En este sentido, la CIDH saludó una sentencia del Tribunal Constitucional de agosto que ordena medidas inmediatas para corregir estas vulneraciones tras un amparo de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
Finalmente, el informe técnico identificó una distorsión económica en el sistema: la existencia de al menos 26 personas que permanecen privadas de libertad exclusivamente por no poder pagar garantías económicas ínfimas. Según la Procuraduría, el costo de mantener a estos internos en prisión supera la suma requerida para su fianza, lo que agrava innecesariamente la presión sobre el presupuesto y el espacio carcelario nacional.
