SANTO DOMINGO.- Para urgir a la comunidad internacional a que vaya en ayuda de Haití, y para garantizar la frontera y la soberanía dominicanas, se ha firmado un pacto nacional que busca hacer frente a la grave crisis que azota al vecino país, suscrito por el Gobierno dominicano, la gran mayoría de los partidos políticos y un nutrido grupo de intelectuales y académicos, que sellaron con su firma un compromiso patrio.
Se trata de un acuerdo de grandes alcances y dimensiones, cuya pretensión mayor es dominicanizar la frontera y el mercado laboral dominicanos, trazando una política migratoria y binacional desde el Estado, más allá de la coyuntura actual.
En efecto, el documento tiene cuatro grandes ejes que se dividen, a su vez, en objetivos específicos. Esas partes son: A. Política de relaciones exteriores, B. Política migratoria, C. Política fronteriza y D. Política económica.
El pacto traza propuestas de posible solución a la crisis de Haití, incluyendo un nuevo Marshall, en dos sentidos: por un lado, busca lograr que la comunidad internacional asuma un compromiso viable y duradero con Haití, para lo cual deberá inyectarle recursos, promover la estabilidad, impulsar la institucionalización y pacificar a ese país; y, por otro lado, la República Dominicana define una nítida y estricta política de nacionalización fronteriza que incluye la dominicanización de la fuerza laboral del país, y que permite, además, la entrada regulada de obreros haitianos que puedan trabajar en ciertas áreas, según la necesidad de los sectores donde vayan a trabajar.
En cuanto al primer punto, el país está dispuesto a enviar misiones al exterior para recabar ayuda a favor de Haití, y para que la comunidad internacional asuma un compromiso mayor para la reconstrucción definitiva de ese país, sembrando allí la gobernabilidad y los valores democráticos.
Como una muestra de su solidaridad, Rep. Dom. se compromete a colaborar financieramente para la construcción en Haití de tres hospitales, y estimula la cooperación de otros países para que se realicen esas obras, debido a la gran cantidad de parturientas haitianas que alumbran en suelo dominicano.
Se propone sembrar la semilla del Instituto de Relaciones Dominico-Haitianas, que sería «un órgano consultivo de los poderes públicos para fines de políticas públicas».
«2.2 Publicación y amplia difusión de un libro blanco, elaborado por especialistas, con explicaciones exhaustivas de la posición nacional dominicana, que sería la guía de acción del cuerpo diplomático y consular dominicano«.
En cuanto a política migratoria, el país emprenderá un marco regulador migratorio que sea efectivo para enfrentar la desenfrenada y masiva inmigración haitiana.
Por cierto, se acordó divulgar de forma íntegra la auditoría que se le ha venido ejecutando el Ministerio de Interior y Policía al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros «y aplicarlo exclusivamente a quienes se inscribieron en ese programa, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente«.
«Elaborar o revisar -entre otros- con sentido restrictivo los siguientes protocolos: el de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agricolas; el que asegure su transporte; los instructivos que establezcan pormenores para identificar a los pasajeros terrestres; y el listado de empresas transportistas«.
Se aplicará drásticamente lo estipulado en la Ley General de Migración y su Reglamento de aplicación. «Desarrollar un programa de control biométrico de nacionales extranjeros para garantizar la seguridad nacional y ciudadana«.
«Supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras o la forma más idónea a este propósito, al personal de campo responsable de labores de vigilancia de las fronteras terrestre y marítima nacionales«.
La valla fronteriza será dotada de dispositivos tecnológicos para monitorear el movimiento y la entrada de indocumentados, «así como el tráfico de ilícitos en general, empleando incluso tecnología de observación satelital para una mejor y mayor cobertura de toda la región fronteriza».
Se evaluará el rol de los agentes fronterizos, civiles y militares, se establecerán «sanciones ejemplarizantes cuando correspondan, de conformidad con la ley».
«Administrar un eficaz régimen de consecuencias que persiga y sancione a quienes, mediante mecanismos y argucias promuevan, encubran o consientan cualquier tipo de corrupción, en correspondencia con lo previsto por la Ley núm. 137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al igual que la Ley núm. 344-98 que sanciona la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio dominicano, así como las leyes que castigan la falsedad en documentos de identidad para atribuir nacionalidad dominicana a extranjeros«.
Se terminará de modernizar el proceso de emisión de visados, comprobando que sean obtenidas en forma transparente.
«Planificar el mercado laboral dominicano y sus necesidades de mano de obra extranjera:
«Fijar, en el Consejo Nacional de Migración, los requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir con criterios objetivos, según lo previsto en la Ley núm. 285-04, General de Migración, (Art. 49), qué sectores productivos requieren por el momento establecer «cuotas» «de admisión anual por sectores de actividad» y, en cada una de ellas, el número de trabajadores temporeros asignados para cubrirlas; y, por tanto, en cuáles dominios laborales no procede conceder dicho permiso por ley«.
«Esas cuotas deben concederse respetando las normas de nacionalización del trabajo…».
Los empresarios dominicanos tendrán una gran responsabilidad en estas transformaciones dominicanistas y nacionalistas. Por tanto, deberán asumir «un compromiso empresarial de cara a la planificación y ordenamiento del mercado de trabajo, de conformidad con las proporciones dispuestas relativas a las normas de nacionalización del trabajo«.
«Fomentar con los sectores empresariales la generación de compromisos de transformación productiva y la subsiguiente incorporación progresiva de la mano de obra dominicana en aquellos sectores donde se ha experimentado un proceso de desnacionalización de los mercados laborales«.
Los empresarios tendrán que presentar un listado real y legal de sus empleados nacionales y extranjeros, e Impuestos Internos no admitirá como costos, para fines de pago del impuesto sobre la renta, a indocumentados que aparezcan en las nóminas.
Así mismo, el Gobierno va a retirar, «a la brevedad posible y de manera ejemplar», la mano de obra haitiana indocumentada de las obras estatales, tanto a nivel nacional como municipal.
Por cierto, se aumentarán el salario y demás beneficios a los trabajadores dominicanos que laboren en actividades ocupadas por haitianos, sobre todo en el sector construcción, y en las actividades agrícolas.
La política de recogida y devolución seguirá y se va a incrementar, «con apego al debido proceso». El Conani se encargará de verificar que»en los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados».
«Velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento legal del país para la contratación de trabajadores temporeros, la cual sólo debe efectuarse ante los consulados dominicanos en Haití, con la presentación de carta emitida por la institución, organismo, empresa o persona física con la que se llevará a cabo el trabajo temporal. Además, debe contener compromisos de cumplir las condiciones y requisitos sobre derechos y condiciones laborales, comunicación de información«.
«Dotar a todos los trabajadores y empleados contratados de los documentos fehacientes que avalen su condición de formalidad».
«Aplicar encuestas periódicas, además de otros procedimientos de obtención de información sobre la situación de la mano de obra, ingreso de ilegales, deportaciones, actualización de los requerimientos de cuotas de trabajadores temporeros y el desenvolvimiento del mercado laboral en general».
«Salvaguardar la seguridad, soberanía, integridad territorial y demográfica de la nación, a la vez que respetar el estándar de los derechos humanos de los extranjeros que ordena el Derecho Internacional Público«.
«Tomar medidas para asegurar que el espectro radioeléctrico dominicano prevalezca en toda la extensión de la frontera«.
«Exigir el cumplimiento del artículo 63, numeral 13, de la Constitución de la República, el cual dispone, entre otros asuntos, la enseñanza de los valores patrios y de los principios cívicos de convivencia pacífica, al igual que difundirlos por los medios de comunicación junto a los valores culturales del pueblo dominicano«.
Política fronteriza
«Un gran compromiso patrio de todo dominicano y, por ende, del Estado, es salvaguardar la integridad de sus fronteras, así como la convivencia en la misma, sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio, como punto de encuentro y de separación, tanto con nacionales haitianos, como con otros extranjeros».
«Respetar y hacer respetar el trazado de la línea fronteriza, tal y como está acordado en los convenios internacionales suscritos por Haití y la República Dominicana:
«Cuidar, restaurar y/o reponer los bornes fronterizos desaparecidos o desplazados, así como resolver los problemas provocados por la expansión del lago Azuei o del Fondo hacia el territorio nacional, siguiendo el procedimiento consignado en los acuerdos internacionales que rigen la materia.
«Finalizar, en el más breve plazo, la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente.
«Facilitar el transporte seguro de mercancías por vía terrestre y marítima; y, cuando proceda, el transporte de carga aérea, hacia las ciudades haitianas que reúnan las condiciones de seguridad.
«Instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana«.
«Evaluar el empleo de arcos detectores de armas, explosivos, municiones y componentes radiológicos y químicos, así como las demás medidas fitosanitarias y sanitarias que correspondan«.
«Controlar con más eficacia el tráfico ilicito hacia Haiti de leña y carbón, así como el de árboles maderables de gran valor como el guaconejo».
«Desarrollar una política de retención y atracción de población dominicana hacia la frontera:
«Respaldar planes de desarrollo fronterizo de gran alcance que favorezcan la estabilidad, crecimiento, seguridad y prosperidad de la población que reside en el territorio de las provincias fronterizas, incluida una política salarial y un estatuto de servicio especial y diferenciado en favor de servidores públicos civiles, policiales y militares en dicha región.
«Disponer por ley la creación de la Corporación de Desarrollo Fronterizo como ente público autónomo responsable de canalizar recursos y créditos a proyectos y empresas públicas, privadas, de alianza público-privada y sociales, comunitarias, medioambientales y cooperativas«.
