Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó a una jueza del Distrito Nacional que dicte auto de apertura a juicio contra el exsenador Rafael Calderón, a quien acusa de presunta corrupción administrativa a través de una red que supuestamente desfalcó al Estado por más de 19,000 millones de pesos, desmantelada en la Operación Calamar.
La fiscal litigante Rosa Alba García representó al órgano acusador en la audiencia realizada la tarde de este lunes, donde la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, se reservó el fallo para el próximo 29 de mayo.
La jueza Ramírez había ordenado el desglose de Calderón por complicaciones de salud en el proceso que se sigue contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, quienes son acusados de integrar una estructura que supuestamente desvió la indicada suma mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas.
El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También son acusados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía.
El Ministerio Público dijo esperar que el tribunal acoja su petición y se dicte auto de apertura a juicio en contra del acusado.
