Las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero, son las primeras que se desarrollan bajo un nuevo marco jurídico, establecido por la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral (2023), que redefine las competencias de las autoridades electorales administrativas y contenciosas.
La nueva normativa incluye un artículo a través del cual faculta al Tribunal Superior Electoral (TSE) para conocer impugnaciones a resoluciones administrativas emitidas por la Junta Central Electoral de la República Dominicana (JCE), con motivo de diversas materias, así como cualquier otro acto electoral o administrativo con contenido electoral que afecte derechos políticos electorales.
A fin de desarrollar su competencia y establecer las reglas procesales aplicables, el TSE emitió el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, que ha sido aplicado en la resolución de los medios de impugnación presentados con motivo de la organización de los comicios.
Con el objetivo de continuar consolidando un sistema efectivo de justicia electoral, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), recomienda lo siguiente:
– Fortalecer los esfuerzos de capacitación para que, de cara a las elecciones presidenciales y
congresuales de mayo, las y los jueces penales que deben conocer los casos de delitos y crímenes
electorales puedan participar de iniciativas de capacitación.
– Realizar campañas informativas que den visibilidad a la Procuraduría Especializada para la
Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, de manera que la ciudadanía
conozca sobre su rol y sus competencias.
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– Evaluar mecanismos que permitan dotar a la Procuraduría Especializada de los recursos
económicos y humanos necesarios para el efectivo desempeño de sus funciones.
– Realizar un esfuerzo de divulgación que permita a las organizaciones políticas, y a la ciudadanía
en general, conocer quiénes serán los fiscales provinciales designados para cumplir funciones en
el marco del proceso electoral, así como material didáctico que incluya rutas de denuncia y
localización de las sedes donde se podrán presentar las mismas.
– Brindar información de las denuncias recibidas sobre delitos y crímenes electorales, así como
sobre el resultado de los procesos investigativos y sus respectivas condenas.
