Por Nelson Mateo
El mandato ejecutivo emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para iniciar uno de los procesos de deportaciones de extranjeros ilegales en suelo estadounidense, más agresivo y abarcador desde que se fundó esa nación, es inconstitucional, contrario a su ley sustantiva.
Y la disposición migratoria se contamina de ese alto componente de ilegalidad cuando en la misma se pretende desconocer el derecho a la ciudadanía por nacimiento, consagrado en la carta suprema, como uno de los fundamentos histórico que dieron origen a esa nación. La enmienda 14 de la Constitución Estadounidense reza lo siguiente: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen». La Enmienda ha sido fundamental en la definición de la ciudadanía y en la protección de los derechos de los inmigrantes.
Pero es evidente que la ordenanza ejecutiva contamina todo el proceso de deportación y tiene al texto constitucional como su mayor adversario.
El principio de jerarquización de las leyes será argumento legal suficiente para que cualquier tribunal declare la nulidad de las pretensiones del magnate republicano.
Además, existe una histórica sentencia que sentó jurisprudencia en ese sentido, utilizada, incluso, como material docente en las más connotadas universidades de Derecho de Estados Unidos y Europa. Se trata del caso Marbury vs. Madison de 1803. La decisión estableció el orden jerárquico de las leyes colocando la constitución como su máximo peldaño, contra la que ninguna otra norma puede chocar porque es nula de pleno derecho.
¿Pero, entonces son tan ingenuos en el gobierno de Trump para exponerse al ridículo con una medida descaradamente ilegal, tal y como la calificó un juez estatal? Ahí es donde quien suscribe este artículo entiende que viene la estrategia política en un busca de ganar una guerra legal y me explico.
Trump y su administración están consciente de que les viene una andanada de ataques legales que a la luz del derecho lucen vencedores. Sin embargo, Trump está apostando a ganar la guerra en última batalla que pretende pelear en la más alta instancia de revisión constitucional y de conflicto de leyes, me refiero a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de la última instancia, integrada mayoritariamente por jueces conservadores y en cuya designación el magnate tuvo mucho que ver durante su primer mandato.
Es el escenario que finalmente esperan los estrategas Trumpianos, en busca de una variación del criterio jurisprudencial establecido en Marbury Vs Madison,
que permita un quebrantamiento del principio del orden piramidal Kelseniano que pudiera anular la rigidez del derecho a la nacionalidad por nacimiento y así poner en marcha su ambicioso y polémico plan de expulsión de todo extranjero irregular en suelo americano.
