SANTO DOMINGO.- Al concluir su investigación de las denuncias presentadas contra la licitación para el cambio de semáforos en el Gran Santo Domingo, la Dirección de Contrataciones Públicas encontró «graves irregularidades» y entregó esos indicios al Ministerio Público, para que este órgano persecutor ahonde las investigaciones para descubrir «al beneficiario final» de la cuestionada empresa Transcore Latam, SRL.
Ahora el caso está en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para dar los pasos judiciales correspondientes, y someter eventualmente a los implicados en los indicios de presuntos delitos cometidos por la razón social Transcore Latam.
En esa empresa se identificó «un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final».
En el escándalo ha salido a relucir la empresa DeKolor, que se encarga de la evaluación de los ciudadanos para la obtención de la licencia de conducir con asiento en el mismo Intrant. Según Contrataciones Públicas, Transcore Latam puso a DeKolor como «fiador solidario e indivisible» de un préstamo de 120 millones de pesos tomado a una entidad financiera.
«Cabe destacar que DeKolor no presentó ofertas en el proceso del Intrant, ni por sí, ni a través de consorcio. DeKolor está relacionada al Sr. José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez) y su empresa OML INVERSIONES, con quien ha compartido acciones junto a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña».
«En adición a lo anterior, se verifican los registros de 3 empresas: SIC TRANSCORE DOMINICANA, TRANSCORE y TRANSCORE DOMINICANA por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), entre mayo y junio de 2022 con el nombre de José Ángel Gómez como titular, todos con actividades comerciales y nombres afines a la contratación actual del Intrant».
«La creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante durante nuestra investigación. Este fenómeno sugiere la posible intención de confundir o engañar, lo cual podría tener implicaciones serias en términos de transparencia, legalidad yo consecuencias penales».
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, ha hablado de «falsificación de documentos», «contradicción en el pliego de condiciones» y otras irregularidades que habría cometido Transcore Latam. Por tanto, pidió la sanción correspondiente para los responsables de Transcore Latam. En ese sentido, se anuló el contrato entre el Intrant y esa empresa, el cual alcanzaba los RD$1,317,350,997.
En un documento detallado, se hace una cronología del proceso de licitación y se destaca que el Intrant había sido advertido de las irregularidades halladas, orientando a ese entidad sobre los ajustes que tenían que hacerse al respecto. El Intrant, entonces dirigido por Hugo Beras, ni siquiera respondió a Contrataciones Públicas.
«Al constatarse las violaciones al debido proceso ya indicadas, procede que a los servidores y funcionarios que hayan participado en el procedimiento investigado, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, se les apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, agotando el debido proceso disciplinario».
Si se comprobaran todas esas anomalías, «…la empresa adjudicataria… pudiera ser inhabilitada de manera permanente en el Registro de Proveedores del Estado».
