Joe Biden vetó este lunes por primera vez una ley republicana que prohibía a los gestores de fondos de pensiones tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza.
El presidente de Estados Unidos tuiteó que el proyecto de ley amenazaría “los ahorros para la jubilación al ilegalizar la consideración de factores de riesgo”. Los republicanos, en cambio, dicen que los llamados factores ESG equivalen a una interferencia política.
“El gestor de su plan debería poder proteger sus ahorros ganados con tanto esfuerzo, le guste o no a la diputada Marjorie Taylor Greene”, dijo Biden, refiriéndose a la congresista republicana en el corazón del ala ultraderechista del partido republicano.
Los republicanos aprovecharon su escasa mayoría en la Cámara de Representantes para sacar adelante el proyecto de ley. En el Senado, los demócratas tienen una escasa mayoría, pero tres ausencias y dos miembros del partido que se unieron a los republicanos bastaron para que el proyecto se enviara a Biden.
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Los partidarios del proyecto de ley afirman que los factores ESG obedecen a preocupaciones sociales de izquierdas, como la lucha contra el cambio climático, en lugar de obtener el mejor rendimiento para los ahorradores por lo que no deberían formar parte de las transacciones financieras.
Biden vetó por primera vez una ley republicana (REUTERS/Jonathan Ernst)
El Departamento de Trabajo de Biden restableció la norma en noviembre, deshaciendo un impulso del ex presidente republicano Donald Trump para penalizar a los gestores de fondos que tengan en cuenta el cambio climático en su toma de decisiones.
Los demócratas señalaron que la política es neutral sobre cómo se tienen en cuenta los factores ESG siempre que el fondo de inversión cumpla con sus obligaciones con sus beneficiarios.
Grandes firmas de inversión como BlackRock aplaudieron la norma, que el Gobierno de Biden enmarca como un impulso financiero a los inversores preocupados por el riesgo climático.
El Congreso podría tumbar el veto presidencial, pero sería necesario el apoyo de dos tercios de las dos cámaras.
Por su parte, algunos congresistas republicanos de la Cámara de Representantes han solicitado al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que facilite información sobre la presunta detención del ex presidente Donald Trump, quien aseguró durante el fin de semana que sería arrestado este martes en el marco de la investigación por los pagos ilegales a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.
En una carta firmada por el jefe del Comité Judicial de la cámara baja, Jim Jordan, y el de Administración, Bryan Steil, se pide la comparecencia de Bragg a tenor del “abuso sin precedentes de la autoridad fiscal” que estaría a punto de llevar a cabo con “la acusación de un expresidente y actual candidato declarado”.
Trump cree que este martes será detenido (REUTERS/Jonathan Ernst)
“A la luz de las graves consecuencias de sus acciones, esperamos que testifique sobre lo que claramente parece ser una decisión fiscal políticamente motivada”, dicen los congresistas en una carta en la que acusan Bragg de erosionar la confianza en la imparcialidad de la Justicia estadounidense.
“Su decisión de emprender un enjuiciamiento con motivaciones políticas de este tipo, al tiempo que adopta políticas de justicia penal progresivas que permiten a los ‘delincuentes de carrera estar en las calles’ de Manhattan, requiere el escrutinio del Congreso sobre cómo los fondos de seguridad pública asignados son implementados por la ley local”, incide la carta.
La semana pasada el ex presidente Trump aseguró que este martes 21 de marzo sería detenido y pidió a sus seguidores que salieran a las calles a protestar.
El magnate está siendo investigado por el mal uso que se hizo de 130.000 dólares destinados para su campaña presidencial. Según las sospechas, podría haberlos utilizado en 2016 para silenciar a Daniels y evitar que trascendieran las relaciones sexuales que habrían mantenido.
