Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) condenó la ola de feminicidios que en los últimos días ha arropado los medios noticiosos del país, precisamente en este mes que celebra la familia y en el cual se conmemora el día de la no violencia contra la mujer.
El vicepresidente ejecutivo FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó a través de un comunicado de prensa que “ante este contexto de violencia de género que sufre la República Dominicana, resulta necesario reflexionar respecto a la evidente ineficacia de gran parte de las políticas públicas que han sido implementadas en el país en los últimos años”.
Esto con el objetivo de contrarrestar los altísimos niveles del flagelo, conjuntamente a la ausencia de medidas efectivas que fueran en ayuda de la mujer maltratada ante las circunstancias actuales derivadas de la pandemia.
“Este “mea culpa” debe erigirse en un punto de partida en aras de finalmente abocarnos en una cohesión interinstitucional que refleje el necesario compromiso desde el Estado respecto de lograr el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas que respondan adecuadamente a nuestra realidad”, indicó.
Aseguró que la violencia de género es “el resultado de las construcciones culturales o estereotipos de género que producen prejuicios y prácticas que consideran a la mujer como subordinada o le atribuyen funciones estereotipadas”, y explicó que se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Asimismo, sostuvo que a pesar de las tradicionales actividades que realizan las instituciones, entidades e instancias del Estado que interactúan con esta problemática, resulta innegable la falta de voluntad para transformar las causas estructurales que originan la violencia contra las mujeres.
“Es momento de dejar en el pasado las políticas públicas y declaraciones momentáneas y superficiales que, lejos de tratar las raíces del problema, levantan una niebla de inacción que permiten, tanto al Estado como a la sociedad, eximirse de su responsabilidad en la perpetuación del componente estructural que alimenta este mal; pues el impacto negativo de este flagelo no es peccata minuta sino que cobra víctimas mortales y, de manera paralela, provoca un daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes”, afirmó Castaños Guzmán.
“Uno de los aspectos menos enfocados en la primera fase de la pandemia lo fue este flagelo, y es que las mismas circunstancias de la etapa del confinamiento potenciaron los factores de riesgo de violencia de género al entrar en aislamiento dificultando así la solicitud de ayuda y de denuncia, así como facilitando el total control del agresor”, agregó.
Igualmente, dijo que estos momentos de pandemia se requiere entender que el tratamiento de la violencia de género debe enfocar, al menos, un sentido evolutivo que contemple las consecuencias durante la etapa del aislamiento, además de que es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas.
“Dado el alto número de denuncias y muertes de mujeres en situación de violencia, es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas en materia de medidas cautelares que contemplen protocolos de actuación aprovechando el avance de la tecnología, tal pudiese ser el uso de tobillera o brazalete electrónico que permita la geolocalización perimetral de agresores en cercanía en caso de alto riesgo”, explicó.
