Santo Domingo.- De acuerdo con los registros de la Cámara de Cuentas, más de 95 funcionarios de la presente gestión no han presentado su declaración jurada de su patrimonio entre los que se encuentran diplomáticos, subdirectores, gobernadores y un legislador, pese a las advertencias de las autoridades de que serían investigados y cancelados de sus puestos quienes no cumplieran con la ley.
En el mismo reporte se registran unos 360 funcionarios salientes de sus cargos a partir del 16 de agosto que tampoco han presentado su declaración, además de más de 20 que la presentaron incompleta y están pendientes de actualización.
El pasado mes de septiembre la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que a los funcionarios que exhiban un patrimonio injustificado, falseen datos o incumplan con la obligación de presentar su declaración jurada, se les abriría una investigación preliminar, en base a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo ayer que será a su “debido tiempo” cuando las autoridades del Ministerio Público procesarán penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuenta, al ser cuestionado sobre la fecha en que iniciarían los arrestos a los funcionarios actuales y pasados.
Entre los que faltan están Walkiria Celeste, gobernadora civil en Azua y también los gobernadores salientes Francisco Santana y Manuel Eduardo González de San Pedro de Macorís y San José de Ocoa, respectivamente, quienes están en violación de la Ley 311-14 que creó el sistema de Declaración Jurada de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos que le otorga un plazo de 30 días para cumplan con el pendiente después que son designados o reemplazados.
Según el reporte de la Cámara de Cuentas actualizado al día 17 del presente mes, con relación al Congreso Nacional también falta el diputado Saulo Sierra Valenzuela, de Haina, San Cristóbal, quien no ha presentado la declaración de sus bienes.
Entre los diplomáticos que están violando la normativa legal figuran Hugo Maximiliano Guiliany Cury, embajador en Irlanda, con sede en Reino Unido; Santiago Rodríguez Figuereo y Rafael Antonio Acosta, cónsules en Madrid, este último saliente.
Igualmente, Mercedes Altagracia Brito e Irma Mireya Batista y cónsules en Genova e islas Canarias, España respectivamente, esta última saliente.
Entre otros diplomáticos que no han presentado la declaración de bienes están Juan Féliz Gil, Jorge Nicolás Cordero, Adriano Rafael de los Santos en Valencia, Sevilla y Barcelona, España, según el mismo reporte de la Cámara de Cuentas.
En este mismo renglón aparece Carlos Gabriel García, viceministro del ministerio de Relaciones Exteriores, saliente.
Entre los subdirectores que están violando la Ley 311-14 están Domingo de Jesús Almonte y Feliz Antonio Henríquez del Instituto del Tabaco; Silvestre Ventura, Migración; Mariana Tavárez de los Santos, Mercados Dominicano de Abasto; Silverio Severino, Comedores Económicos; Edward Maríñez Ogando, Corporación del Acueducto de Santo Domingo y Justino Tavarez Cabrera del Coseno Estatal del Azúcar.
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