Santo Domingo.- Los policías no son jueces ni verdugos, su misión es proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley, no interpretarla y aplicarla según criterios personales. Sin embargo, en nuestro país se ha vuelto alarmantemente común que quien infringe las normas termine muerto, sin juicio, sin pruebas claras y sin derecho a defensa.
Vivimos un momento crítico. Las soluciones extremas, inmediatas y letales parecen ser las más aplaudidas por un sector de la población. Mediar, juzgar y garantizar derechos ya no es prioridad cuando se trata de combatir la delincuencia. El peligro de esto es evidente: estamos normalizando que agentes policiales actúen como jueces, fiscales y ejecutores de sentencias definitivas.
Según un recopilatorio realizado por el Diario Libre, al menos 70 personas han muerto en lo que va de año a manos de la Policía Nacional en presuntos intercambios de disparos. La mayoría de estos casos no cuentan con evidencia forense ni con testigos independientes; solo versiones ofrecidas por los mismos agentes involucrados. Esto no solo siembra dudas sobre la legalidad de los hechos, sino que abre la puerta a una cultura de impunidad institucionalizada. Debemos entender que estas muertes no solo desgarran familias, sino que erosionan la confianza en las instituciones que deberían protegernos.
El debate se vuelve aún más complejo cuando una parte de la ciudadanía justifica esta forma de actuar. “La única forma de acabar con los delincuentes es sacarlos del medio”, repiten algunos, sin embargo, hoy le toca al delincuente… ¿pero qué pasará cuando la víctima sea inocente? ¿Y si mañana el que cae es tu hermano, tu padre o tú mismo, ejecutado sin pruebas, en el momento y lugar equivocados?
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Más allá de si cada muerte fue o no justificada, lo que realmente debe preocuparnos es que esta práctica se convierta en la nueva forma de operar de una institución que no tiene competencia legal para decidir quién merece vivir o morir. El uso de la fuerza letal solo debe aplicarse en situaciones extremas, cuando hay una amenaza inminente, y bajo una estricta revisión judicial posterior. Cualquier otra forma de actuar es una ejecución extrajudicial, aunque se le disfrace de enfrentamiento.
La justicia no puede depender de las balas. Y resulta profundamente irónico que en un país que se define como devotamente religioso, muchos avalen prácticas claramente antibíblicas, donde se usurpa el papel que, según la fe, solo le corresponde a Dios: determinar el destino final de cada ser humano.
Estamos, quizá sin darnos cuenta, aprobando una pena de muerte sin juicio, sin ley y sin justicia. Y si no reaccionamos a tiempo, mañana podríamos ser testigos o víctimas de una justicia que ya no necesita pruebas, solo un gatillo.
