Oponón – por RICARDO ROJAS LEÓN
Al asumir por cuarta vez desde el 2020 la presidencia de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco anunció que una de las prioridades de su nueva gestión es, entre otras, impulsar la aprobación del proyecto de nuevo Código Penal (CP).
Al parecer, además del nuevo proyecto que, a finales del mes pasado, presentó el senador Ramón Rogelio Genao, otras dos propuestas de nuevo CP serán (o han sido) presentadas por varios diputados.
Como se sabe, Pacheco reintrodujo hace tres años el proyecto de Código Penal, en interés de que la pieza, de ser aprobada, reemplazara al código actual, una versión del Código Penal Francés de 1836 decenas de veces remendada.
La intención es vieja y un reclamo de los operadores del sistema de justicia penal, pues muchas conductas lesivas al patrimonio -como las estafas piramidales- y a la integridad fisica y la vida de las personas -como en el caso de la desaparición forzada- no están tipificadas y, por lo tanto, no pueden imputarse.
En sentido general, se puede decir que la clase política dominicana ha fracasado en dotar al país de una normativa penal material moderna. Los esfuerzos en ese sentido se iniciaron en la década de los noventa y comenzaron a dar frutos en 2006, con la aprobación de un CP que fue observado en medio de la amenaza de una huelga médica, por la permanencia en la pieza del tipo penal del aborto.
El aborto también fue el motivo por el cual el expresidente Danilo Medina observó en dos ocasiones sendos proyectos de CP, pues era partidario de incluir las tres causales (3-C) adicionales a la norma que en las dos piezas -y en todas las posteriores- despenaliza la interrupción del embarazo cuando no sea posible salvar ambas vidas. Uno de esos proyectos fue promulgado como la ley 550-14, pero luego fue anulado por el Tribunal Constitucional porque se violó el principio de bicameralidad en el conocimiento de la observación presidencial.
Causales afuera
El proyecto de Pacheco, que excluía las tres causales, contó desde el principio con amplias posibilidades de ser aprobado, en gran medida porque el Congreso actual es mucho más conservador que los anteriores, los grupos provida se movilizaron tanto como los partidarios de las 3-C y también porque algunos grupos de la sociedad civil que anteriormente eran simpatizantes de permitir el desembarazo en casos de malformación, violación sexual e incesto, finalmente se decantaron por el “Código posible”, es decir, un CP sin las tres causales.
Otros legisladores, como el diputado José Horacio Rodríguez y los senadores Faride Raful, Pedro Catrain y Antonio Taveras presentaron proyectos alternativos que, finalmente, fueron refundidos con el proyecto que previamente habían aprobado los diputados. Los proyectos de esos legisladores defendían las tres causales, una tipificación amplia de la discriminación, así como agravantes cuando el delito se cometiera atendiendo a la preferencia u orientación sexual de las víctimas.
La más reciente versión del proyecto de Código Penal (sin las 3-C) debatida en el Congreso fue la sometida por el senador Ramón Rogelio Genao, la cual, si bien fue sancionada en la Cámara Alta, confrontó algunas dificultades en la Cámara Baja, originadas por el cuestionamiento de grupos conservadores para que dentro de la norma penal que sanciona la discriminación se incluyeran las relativas a la preferencia y orientación sexual. Ese proyecto perimió al cierre de la primera legislatura ordinaria de este año.
Si bien la Constitución en su artículo 39, que consagra el derecho a la igualdad, establece que todas las personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, “sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política y filosófica, condición social o personal”, ha resultado cuasi imposible conciliar a los grupos enfrentados en el tema de la discriminación.
Días antes del cierre de la reciente legislatura extraordinaria, el senador Genao volvió a introducir el proyecto de CP, conteniendo los consensos logrados en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Es muy probable que las “urgencias” mediáticas de una política condicionada por los torneos electorales de febrero y mayo venideros, vuelvan a provocar la posposición de la conversión en ley de una herramienta tan imporante para la política cirminal dominciana como el nuevo Código Penal que se discute.
Y si así fuere, como algunos altares de la opinión aconsejan, que lo que salga del Congreso después de las próximas elecciones presidenciales — cuando se diluya así sea transitoriamente el peso de las circunstancias — resulte ser algo por lo que haya valido la pena tanta demora y espera.
- * El autor es Doctor en Derecho, con maestrías en Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica y Derecho Procesal Penal. Ha estudiado ciencias políticas y economía para negocios.
