Por Ricardo Rojas León
Cuando en 1810 el emperador Napoleón Bonaparte promulgó su Código Penal, algunos franceses ilustres criticaron esa obra monumental. Entre ellos la historia cita a Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, como uno de los que rechazaron la dureza de las penas impuestas, como la de cinco años de cárcel que se le impuso, en esa novela, a Jean Valjean. Lo mismo se dice de Alexandre Dumas, autor de El Conde de Montecristo. También Balzac, en La Comedia Humana, cuestiona la dureza de ese código napoleónico.
Pocos códigos penales modernos han escapado a las críticas. Eso se debe, en gran medida, a que una legislación de ese tipo legitima el ejercicio del poder penal contra los ciudadanos, al prohibir conductas lesivas y conminarlas con una sanción. Otros códigos, quizás por el contexto social, han sido celebrados porque castigan conductas que no eran típicas y que azotaban a sus países.
En el caso dominicano, los tres códigos penales aprobados anteriormente fueron observados por el Poder Ejecutivo. El primero por la falta de inclusión del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el castigo a los médicos cuando practican un aborto.
Los otros dos códigos -de 2013 y circa 2018- sufrieron la misma suerte porque no contenían las eximentes de interrupción del embarazo en los casos de violación, incesto y malformación del feto incompatible con la vida, que se le prometió a los grupos feministas en el año 2001, a cambio de que no impidieran la aprobación de la Ley General de Salud, finalmente sancionada.
La semana pasada, el Congreso volvió a aprobar el nuevo Código Penal con votaciones que superan las anteriores mayorías logradas para convertirlo en ley. Es una pieza qu4 supera por mucho a las otras iniciativas, aunque pudiera ser objeto de algunos cambios para mejorarla.
Este nuevo Código contiene una parte general completamente renovada, basada en una teoría del delito que nuestros jueces conocen, estudian y aplican desde el año 2007. Pero, además, introduce nuevos tipos penales, como el genocidio, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el feminicidio, la estafa piramidal, el uso de sustancias químicas, la desaparición forzada de personas y un catálogo amplio de delitos para proteger los recursos del Estado.
Contrario a lo que se dice, esta versión del CP fortalece la tutela en favor de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, así como de las personas con discapacidad. La simple lectura de su contenido desmontará muchos prejuicios creados por grupos que se oponen a su aprobación, bajo la premisa de que sin causales no debe haber Código, y a la que se ha sumado una parte (muy influyente) de la clase culta dominicana.
Las tres vencidas y una más …
Conviene recordar que el Congreso dominicano, que es un poder independiente, nunca ha aprobado ni la despenalización del aborto, ni la totalidad de las eximentes que reclaman los grupos feministas. Eso quizás refleje, tal vez no, el sentir de una parte importante del país.
Ni siquiera el presidente Danilo Medina pudo imponerle a “su Congreso” –como le llamó en algún momento– su reclamo de introducir las denominadas tres causales. Y lo intentó con los dos Códigos Penales anteriores.
Ante este cuarto escenario, el Poder Ejecutivo debe ponderar si, como sus predecesores, observa la pieza y priva al país del chance de dejar atrás el Código Penal napoleónico de 1810 -y sus remiendos- o si, al promulgarlo, nos coloca en los inicios de una nueva era en materia de política criminal.
A nuestro modo de ver, el Código Penal que se acaba de aprobar merece ser promulgado, aunque en su vacatio legis de doce meses, se propongan y adopten algunas correcciones para mejorarlo. Aunque creo, honestamente, que los eventuales cambios pudieran ser mínimos y convendría mejor esperar su entrada en vigencia y aplicación para ver qué se debe ajustar, mejorar o eliminar.
Estoy plenamente convencido de que la inmensa mayoría de los dominicanos, víctimas muchos de ellos (o algún familiar o conocido suyo) de la delincuencia de los últimos años –ahora ligera, pero consistentemente, atenuada por las actuales políticas de prevención y persecución–, prefiere este nuevo Código Penal. Lo mismo pasa con gran parte de la comunidad jurídica, en especial esa que no participa del debate de las redes sociales, ni tiene peso político.
Ojalá que, en este caso, a la cuarta sea la vencida y que, finalmente, podamos tener el primer Código Penal dominicano, que no sea el resultado de una ocupación foránea o de la mera traducción de una pieza extranjera. En ello confío.
