A puertas cerradas está el Ministerio Público analizando el informe técnico que realizó la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones sobre el desplome del Jet Set, a los fines de incorporarlo al proceso como pruebas.
A partir de la investigación de esa institución técnica, para algunos abogados vinculados al proceso, la procuraduría está comprometida a interrogar al empresario y dueño de la discoteca, mientras avanzan las indagatorias de lugar..
Este miércoles la procuradora General de la República, Yenny Berenice Reinoso y Wilson Camacho, encargado del Departamento de Persecución, recibieron este informe técnico sobre el desastre de la discoteca de la Independencia. El propio Camacho, encabeza el proceso de revisión del documento de 72 páginas.
“Y evidentemente que de determinarse técnicamente, como es lo esperado, que el colapso se dio debido a una omisión dolosa, por una negligencia grave por parte de los propietarios, habrá de tener las consecuencias legales y/o penales, en lo civil y en lo administrativo”, afirma el abogado penalista Carlos Salcedo.
Mientras que Plutarco Jáquez, abogado de víctimas del Jet Set afirmó que “pienso que aquí hay que tomar medidas serias en este caso, para que la sociedad que ha esperado dos meses, no se decepcione del sistema de justicia”.
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Se trata de una investigación que contiene un estudio estructural sobre las razones que motivaron el desplome del techo de la discoteca de la Independencia el pasado 8 de abril y que según este jurista viene a fortalecer el proceso al Ministerio Público.
Mientras que el expresidente del Colegio de Abogados, José Rafael Pérez Vólquez cuestiona por qué la justicia no ha interrogado a Antonio Espaillat.
“La ley dice que todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución de la República que no hay privilegios, pero en el hecho hay un privilegio, pues este señor hace tiempo que debió ser interrogado, decidido si lo van a someter o si no lo van a someter. Porque, se cayó un asunto en La Vega y ese señor estuvo preso; y hubo un problema en San Cristóbal y esas gentes estuvieron presos, entonces, por qué este otro señor, no hay un trato igual”.
Más de 19 personas, empleados y testigos del fatídico derrumbe han sido llamados por el Ministerio Público en el proceso preparatorio del caso sobre la muerte de 236 personas y las lesiones ocasionadas a otras 189 aquella madrugada del pasado 8 de abril.
Varios abogados vinculados a este proceso en el que se han depositado más de 60 querellas han acudido hasta la sede de la Procuraduría General de la República en procura de que se le entregue el informe rendido sobre el desastre de la discoteca Jet Set.
