Santo Domingo.- Seis organizaciones que acompañan a trabajadores de la caña y domínico-haitianos denunciaron que el Central Romana Corporation no ha corregido las fallas en su área agrícola y que persisten las condiciones de trabajo forzado, por lo cual la empresa había sido sancionada por Estados Unidos en el 2022.
La Unión de Trabajadores Cañeros, el Centro Montalvo, Radio Seybo, el Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros), así como la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y el Espacio de Capacitación, Pensamiento Crítico y Empoderamiento Juvenil (ESCAPE), advierten que «resulta preocupante» que el levantamiento de la sanción en marzo pasado «se haya producido sin que medie una evaluación pública, técnica e independiente que verifique mejoras sustanciales en las condiciones laborales«.
Critican que el levantamiento de la sanción el 17 de marzo de 2025, se debió, según las entidades, a una decisión “influenciada por factores políticos, incluyendo vínculos entre los propietarios de la empresa y actores influyentes del gobierno estadounidense”.
«Las condiciones previamente señaladas por CBP no han sido corregidas de forma estructural«. la CBP es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Insisten en que «persiste la retención parcial de salarios, la falta de claridad en los pagos, y la ausencia de remuneración por horas extras. Las viviendas en los bateyes siguen siendo precarias y muchas están alejadas de servicios básicos. Las jornadas laborales se mantienen prolongadas y sin las garantías mínimas exigidas por la ley«.
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Por lo tanto reafirman que “las condiciones de precariedad, aislamiento y miedo documentadas son incompatibles con una vida digna y deben ser atendidas con urgencia por las autoridades competentes. En ese sentido, instamos a Central Romana para que cumpla con las normas nacionales e internacionales en materia laboral y de derechos humanos”.
Además de que entienden que los indicadores de trabajo forzado persisten, alegan que «se han agravado en un contexto de creciente hostilidad y políticas migratorias restrictivas en República Dominicana«. Exigen «transparencia en las decisiones regulatorias y amplificar las voces de las personas directamente afectadas«.
