República Dominicana tiene una de las legislaciones más fuertes en materia de sanciones contra la corrupción. Sobre todo, a partir de que entre en vigencia el Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
La afirmación es de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante su participación en la conferencia “Mejoras en el Código Penal de la República Dominicana”, organizada por Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en el marco de su 45 aniversario.
La magistrada señaló que el nuevo Código Penal contempla condenas de hasta 30 años de cárcel en los casos que se produzca un cúmulo de penas por la comisión conjunta de lavado de activos o asociación de malhechores.
Explicó que si un funcionario altera el precio de una compra, se le aplicará la pena establecida que contempla de tres a diez años de prisión.
Ahí mismo aclaró que la puede llegar hasta los 30 años de cárcel, si el delito se comete junto con lavado de activos o asociación de malhechores.
«El que robe bienes del Estado o se quede con dinero público podrá ser condenado a prisión y quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos», explicó.
Lo mismo advirtió para las empresas privadas, las cuales, dijo, podrán ser sancionadas o incluso disueltas, si incurren en actos de corrupción.
