Santo Domingo.- A tan solo tres días de que el presidente Luis Abinader retirara del congreso el proyecto de modernización fiscal, la cámara baja aprobó tres préstamos que sumados ascienden a los 625 millones de dólares con diferentes entidades y para diferentes causas.
Los diputados aprobaron el primer préstamo por un monto de 100 millones de dólares que serán destinados al apoyo presupuestario para el Programa de Acción Climática, con el objetivo de impulsar un desarrollo económico sostenible.
Este programa busca acompañar al Gobierno en la implementación de reformas climáticas y de crecimiento sostenible, con el fin de reforzar la resiliencia del país frente a los efectos del cambio climático.
El segundo préstamo, de 300 millones de dólares, complementa el financiamiento anterior, destinado también a la protección del territorio ante daños y pérdidas provocadas por el cambio climático, buscando aprovechar las mejoras en competitividad y productividad vinculadas a las medidas de mitigación climática.
El primer préstamo aprobado, de 100 millones de dólares, fue suscrito por el Gobierno y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), mientras que el segundo, de 300, complemento del primero, fue firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por último, el tercer préstamo, de 225 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se dedicará a mejorar la gobernanza y la sostenibilidad financiera de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes).
Con este fondo, se busca reducir las pérdidas eléctricas en el sistema, mejorar el suministro eléctrico y aumentar la capacidad de distribución de las Edes, así como la construcción de nuevas subestaciones, rehabilitación las existentes y el fortalecimiento de la gestión institucional para asegurar el seguimiento del programa.
A pesar de que estos préstamos fueron aprobados sin dificultades por la mayoría oficialista, varios diputados opositores, como Gustavo Sánchez, Rafael Castillo y Ramón Raposo, manifestaron su rechazo, argumentando que no se explicaron claramente los objetivos de los contratos en los informes legislativos.
