Agencias.- Unos 259.000 niños, niñas y adolescentes fueron privados de libertad en 2024 en todo el mundo, de los cuales alrededor de 34.000 se encontraban en América Latina y el Caribe, según un informe de UNICEF compartido el miércoles.
La región, una de las más afectadas por esta problemática, también ha mostrado una reducción sostenida en las cifras, pasando de 46.000 menores detenidos en 2018 a los actuales 34.000, lo que representa una de las caídas más notables a nivel global.
La mayoría de estos menores fueron detenidos por delitos menores, como robos de bajo valor, y en su mayoría esperan juicio, explicó Kendra Gregson, asesora de Protección Infantil de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Gregson señaló que las alternativas a la detención, como la justicia restaurativa y el servicio comunitario, no solo son más efectivas, sino que además reducen la reincidencia y promueven la reintegración social.
Además, subrayó que la detención debe ser siempre el último recurso, y aplicarse por el menor tiempo posible, tal como lo establece el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

UNICEF advierte que la detención de menores conlleva riesgos severos para su salud mental y física, incluyendo violencia, depresión, disfunciones cognitivas y conductas suicidas, según estudios citados por Naciones Unidas.
Latinoamérica es la segunda región con más menores detenidos, después de Norteamérica, y aunque las cifras bajan, aún se observan prácticas preocupantes como la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal.
Gregson explicó que no existe evidencia clara de que medidas más duras contra adolescentes disminuyan el crimen, y advirtió que en algunos países se ha optado por aumentar el tiempo de reclusión en lugar de aplicar modelos alternativos.
Durante la pandemia de covid-19, muchos menores fueron puestos en libertad bajo medidas sustitutivas, y algunos países mantuvieron ese enfoque, permitiendo que los jóvenes permanezcan en sus hogares cumpliendo otras sanciones.
La experta destacó que estas buenas prácticas regionales deben ser compartidas y replicadas, aunque advirtió que la situación puede cambiar rápidamente con el giro de políticas en apenas uno o dos países.
(Con información de EFE)




