El Congreso dominicano está enfrascado en la discusión y aprobación de varias reformas, algunas de las cuales han generado tensiones con grupos y organizaciones sociales y empresariales.
El proyecto de reforma del Código de Trabajo no deja se de ser criticado por el sector empresarial. Se habia consensuado que permanezca la cesantia a cambio de que el periodo de prueba se los empleados se extienda de tres a seis meses, pero el Congreso lo ha reconsiderado. Otros pedidos de los patronos fueron incorporados.
El Congreso también discute el nuevo Código Penal,, que es casi la misma pieza de hace doce años, con una serie de cambios, con muchas penas aumentadas y con nuevos delitos.
Como los proyectos aprobados en los últimos años, el proyecto de Código Penal no incluye las eximentes de responsabilidad penal en los casos del aborto por vioalación, incesto y malformación del feto incompatible con vida extrauterina.
El país necesita sin más demora un nuevo Código Penal, aunque se le introduzcan cambios antes de su entrada en vigencia o luego de ella. Es mejor un nuevo Código imperfecto, que prolongar la vida de un código de más de doscientos años.
También se está modificando, una vez más, la ley de compras y contrataciones públicas. Y lo que la gente espera es que sirva para mejorar la transparencia en las compras que realizan los entes del Estado, dificultando la corrupción que siempre se avecina.
Otra reforma que debe hacerse antes de inicio del mes de diciembre es la del Código Procesal Penal, luego que el Tribunal Consstitucional dominicano declarara la nulidad de la ley que lo modificó en el año 2015.
Ya hay varios proyectos de reforma al CPP y se espera otro del Poder Ejecutivo. Ojalá que esa modificación no limite las garantías ni el debido proceso y que, al propio tiempo, permita mejorar la persecusión penal.
