Tres meses después del trágico colapso ocurrido en el centro de eventos Jet Set, el dolor continúa siendo una presencia constante en el municipio de Haina, una comunidad que perdió a más de 20 de sus hijos y que aún lucha por recuperar la normalidad.
Este martes, se celebró una misa conmemorativa en el lugar del suceso. Aunque la asistencia fue limitada, el ambiente estuvo marcado por la tristeza, el recogimiento y la pregunta que muchos siguen haciéndose: ¿pudo haberse evitado?
“Esa era mi familia”: el testimonio de un sobreviviente
Para Nelson Pimentel, miembro del grupo Los Dorados de Haina y sobreviviente de la tragedia, la madrugada del 8 de abril cambió su vida para siempre.
“Estoy aquí de retirada hace cuatro años y esa era mi familia, los fallecidos ahí. Hemos tratado y trataremos de volver a la normalidad porque yo estoy seguro de que eso hubiese sido lo que ellos hubiesen querido”, dijo Nelson
En Haina quien perdió a más de 20 de sus munícipes incluyendo al merenguero Rubby Pérez, el impacto de la tragedia va más allá de lo emocional. Residentes aseguran que el ambiente nunca volvió a ser el mismo: la alegría colectiva se apagó, y el silencio pesa.
«Después de eso, pues, no se ve la misma alegría. Y dudo que sea la misma durante muchos, muchos años, porque perdimos grandes valores, personas de muchos valores, incluyendo al gran merenguero Rubby Pérez.” Narró un residente de dicho municipio.
Lo que quedó del Jet Set se ha transformado en un símbolo del duelo nacional. Es un espacio donde se rinde homenaje a las víctimas, se buscan respuestas y se exige justicia ante una tragedia que, según muchos, pudo prevenirse.
¿Cómo va el proceso judicial?
El Ministerio Público presentó un recurso de apelación el 27 de junio contra la resolución emitida por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que dispuso medidas no privativas de libertad para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, vinculados a la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set Club.
La solicitud fue introducida por el fiscal Emmanuel Ramírez, con el propósito de que la Corte de Apelación revoque la decisión de la jueza Fátima Veloz. Esta había impuesto una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, medidas que el órgano acusador considera insuficientes.
