Mientras las calles de Ayacucho y otras ciudades del país se remecían por la movilización de manifestantes, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaba 18 meses de prisión preventiva contra el destituido expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el autogolpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre.
El fiscal aseguró que sus crímenes "racistas" estuvieron "alimentados por la ideología supremacista blanca dirigida deliberadamente contra personas negras"
La Eurocámara emitió una resolución en la que volvió a condenar estos ataques "cometidos por Rusia en persecución de objetivos políticos destructivos en Ucrania y otros países"