La fiscalía que encabeza Santana Uceta adelantó que recibió querellas y denuncias de unas 35 víctimas afectadas con más de 20 millones de pesos que aportaron al imputado y a su compañía no regulada por el sistema financiero, con la promesa de que tendrían amplios réditos.
El fiscal Osvaldo Bonilla explica que los bienes ocupados a la red de lavado del narcotráfico incluyen empresas, estaciones de venta de combustibles y vehículos de alta gama.
El fiscal Kelvyn Colón indicó que la investigación establece que los imputados incurrieron en actos de tortura o barbarie contra la víctima que, mientras recibía los golpes, estuvo encerrada en una celda y con las manos esposadas.
