Detalla el expediente que para adquirir eso inmuebles los acusados utilizaban como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral.
Abogados de ahorristas afectados advierten que los imputados podrían ser condenados a 20 años y estiman que el fraude supera los tres mil millones de pesos.
