Mientras las calles de Ayacucho y otras ciudades del país se remecían por la movilización de manifestantes, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaba 18 meses de prisión preventiva contra el destituido expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el autogolpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre.
