Los sacerdotes consideraron que el país tiene derecho a organizar sus fronteras y a hacer cumplir la ley de migración, pero que no tienen derecho a violar los derechos fundamentales de las personas.
Varias empresas que resultaron adjudicadas tras el proceso de licitación para la adquisición de butacas en noviembre 2021 y se vieron afectadas por los retrasos de los fletes, intentan entregar las butacas al ministro Ángel Hernández, pero este no las recibe.
