SANTO DOMINGO.- El documento de solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en la recién desplegada operación Calamar consta de tres mil páginas y mil 200 pruebas, cuyo expediente fue depositado ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional pasada las 10 de la noche de ayer lunes.
Al depositar el expediente, con el cual la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso en contra de los 19 implicados en el caso de supuesta corrupción administrativa, la coordinadora de litigación, Mirna Ortiz, indicó que las investigaciones de este proceso apenas comienzan.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Arrestados
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir José Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
