Santo Domingo.– La Fiscalía del Distrito Nacional recibió el pasado 2 de julio de 2025 la primera solicitud de archivo definitivo de una querella contra el comunicador Ángel Martínez, quien era investigado por presunta difamación e injuria en perjuicio del también comunicador Varga Vila Riverón.
El retiro de la acción penal se produce luego de que Martínez ofreciera disculpas públicas a Riverón y a la periodista Colombia Alcántara, durante una participación en el programa «Tu Mañana». Ambos aceptaron las disculpas, se abrazaron en cámara y acordaron dar por concluido el conflicto.
El abogado Julio César Fernández, defensor de Martínez, valoró el retiro de la querella como una decisión sensata, señalando que se trataba de una controversia sin mayores consecuencias legales, donde chocaban dos derechos fundamentales: el de la libre expresión y el derecho al honor.
Fernández cuestionó el curso que tomó el proceso desde su origen, indicando que el caso ha sido “mal manejado desde el punto de vista legal”, y acusó al Ministerio Público de “abuso de poder” por las actuaciones contra su defendido. Aseguró que se han violado principios como el debido proceso y que ello podría acarrear consecuencias jurídicas a favor de Martínez.
Asimismo, el jurista criticó a algunos abogados que, según afirmó, motivan querellas sin fundamentos reales, cobrando a los “ofendidos” sin advertirles que estos casos no suelen prosperar en tribunales. “Al final, terminan diciéndoles que lleguen a un acuerdo, pero no les devuelven el dinero”, expresó.
Fernández también recordó que Ángel Martínez reside en Estados Unidos, donde transmite desde su canal de YouTube, y está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Añadió que, en ese país, la difamación no conlleva prisión, y que incluso el Tratado de Budapest no sanciona ese tipo de delitos.
El abogado explicó que, aun si alguien lograra una condena civil, ejecutarla sería inútil, ya que Martínez no posee bienes conocidos en República Dominicana, ni se tiene certeza de que tenga propiedades en EE.UU. “Lo que tendrían en la mano es un papel vacío”, afirmó.
Concluyó señalando que la decisión de Riverón de dejar el caso fue la más acertada, ya que evitará más desgaste. Hizo un llamado a funcionarios públicos que pudieran estar involucrados a que “dejen sus ñoñerías” y no insistan en un proceso que, a su juicio, solo genera ruido innecesario para el gobierno.
