La Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría enviaron a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre una estructura de proveedores que utilizaba prácticas fraudulentas en las contrataciones públicas, como la manipulación de contratos estatales, intimidación y posibles vínculos con funcionarios, afectando la libre competencia.
Entre las empresas señaladas se encuentran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL y Tingley Business SRL, que supuestamente usaron varias razones sociales para repartirse adjudicaciones y excluir a otros oferentes.
Las autoridades destacaron que el análisis incluyó monitoreo de procesos y trazabilidad de datos, y el informe será enviado a ProCompetencia para profundizar la investigación y garantizar sanciones.
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El documento recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.
El análisis concluye que las conductas observadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas fraudulentas, actos colusorios y otras infracciones penales tipificadas en la legislación dominicana.
