Santo Domingo.- Las reformas al Código Penal dominicano cobraron nuevo impulso este martes con el llamado del presidente Luis Abinader y de la procuradora general Yenny Berenice Reynoso a incluir mayores condenas para delitos graves como la corrupción administrativa, el homicidio involuntario con alto nivel de lesividad y el terrorismo.
La Comisión Bicameral del Congreso Nacional retomó la revisión del proyecto, que contempla 419 artículos, de los cuales ya han sido evaluados 202, según informaron legisladores y asesores legales que participan en el proceso.
En una carta dirigida al Congreso, Reynoso planteó que el nuevo código contemple penas más severas para el uso criminal de productos lesivos al cuerpo, los delitos fenecidos, el terrorismo, la corrupción y los homicidios involuntarios, una petición que refuerza la postura del presidente de la República.
El senador Santiago Zorrilla, presidente de la Comisión Bicameral, aseguró que se está trabajando con compromiso y que el país tendrá “un código que necesita en este momento”, el cual confía será aprobado en esta misma legislatura.
Desde el Senado, Ricardo de los Santos, presidente de la cámara alta, sostuvo que lo solicitado por la procuradora coincide con las prioridades que la comisión ha trabajado durante años, y que se avanza con consenso y rigor técnico.
El diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía, afirmó que el análisis de los artículos se ha hecho de forma minuciosa, respetando los criterios jurídicos y sociales para garantizar un código moderno y funcional.
Uno de los temas que genera más debate es el de los homicidios involuntarios, sobre el cual el vicepresidente de la Comisión Bicameral, Wandy Batista, advirtió que no se puede tratar como criminales a quienes incurren en imprudencias sin intención dolosa.
El proyecto también incluye 70 nuevos tipos penales, cuyas sanciones están siendo cuidadosamente evaluadas por los legisladores, con especial atención a los delitos emergentes y de alto impacto social.
Los comisionados reiteraron que su objetivo es presentar el informe final antes de concluir esta legislatura, poniendo fin a una espera de más de dos décadas para la modernización del Código Penal, vigente desde 1884.
