Santo Domingo.- La presunta red de distribución de sobornos desmantelada mediante la Operación Lobo habría operado durante más de una década, pagando más de 108 millones de pesos para asegurar contratos de seguridad en instituciones públicas.
Este jueves, diez de los quince imputados fueron presentados ante un juez para el conocimiento de medidas de coerción, audiencia que fue aplazada para el lunes en horas de la tarde. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
De acuerdo con la acusación, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (SENASE), propiedad del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, habría sido el eje central de la estructura criminal, gestionando pagos ilícitos de entre un 5 % y un 10 % del valor de cada factura que el Estado saldaba por servicios de seguridad.
Estos pagos irregulares se realizaron en efectivo y por transferencias bancarias, y tenían como fin garantizar la continuidad de contratos en instituciones como INAIPI, SENASA y las distribuidoras eléctricas EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, sin que se aplicaran controles ni auditorías reales.
El Ministerio Público sostiene que funcionarios públicos responsables de la fiscalización recibían sobornos para acelerar procesos administrativos, ignorar incumplimientos contractuales y favorecer a SENASE con licitaciones amañadas y facturación fraudulenta.
Además, se señala el uso de intermediarios para encubrir a los verdaderos beneficiarios, manipulando la contratación pública en detrimento de los fondos estatales y afectando directamente la calidad de los servicios dirigidos a la población.
La estructura, según las autoridades, habría debilitado de forma intencional los sistemas de control y supervisión, configurando un esquema de corrupción sistemática que operó durante más de diez años sin interrupción.
