Santo Domingo. Desde exdirectores y exgerentes financieros, hasta exconsultores jurídicos, exgerentes de servicios de salud y reconocidos empresarios, conforman el perfil de los detenidos por el Ministerio Público durante la denominada “Operación Cobra”, el proceso judicial que investiga una presunta red de corrupción que habría defraudado con miles de millones de pesos al Servicio Nacional de Salud (Senasa), Administradora de Riesgos de Salud (ARS) del Estado dominicano.
Se recuerda que la tarde del sábado se arrestó a ocho personas vinculadas al supuesto entramado de corrupción. El principal detenido es Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (Santiago Hazim), exdirector del Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, cuando fue destituido por el presidente Luis Abinader.
Los demás imputados son Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Todos están detenidos en la Fiscalía del Distrito Nacional en espera de que se conozca la medida de coerción, la cual deberá ser dictada en un máximo de 48 horas desde que fueron arrestados.
El Ministerio Público indicó que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, con miras a judicializarlas conforme avance el caso.
La Operación Cobra incluyó 12 allanamientos simultáneos, dirigidos por 25 fiscales y más de 200 agentes policiales, y representa la primera fase del proceso de judicialización.
A los detenidos se les imputan cargos como: coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según informó el Ministerio Público.
Perfil detallado de los detenidos
Santiago Hazim
Dirigió el Senasa durante cinco años. El comunicado de la Procuraduría apunta a que Hazim fue quien «instaló el sistema fraudulento» junto a funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud.
A nivel político, Hazim fue el líder del movimiento del sector externo Ola, que apoyó la campaña del presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los comicios del 2020.
En septiembre pasado, Hazim publicó un video defendiéndose de las acusaciones al indicar que trabajó con honestidad en el Senasa.
«En noviembre del 2024, a través de la Consultoría Jurídica de Senasa, depositamos en el Ministerio Público la prueba del fraude millonario que se estaba haciendo en Senasa a través del sistema de autorización médica en nuestra institución», alegó el exfuncionario.
Gustavo Enrique Messina Cruz
En la gestión de Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz figuró como el gerente financiero de Senasa, cargo que ocupó desde el 2020 a septiembre de 2024. Su abogado Claudio Stephen criticó su arresto por parte del Ministerio Público, señalando que no sabe de qué se le acusa.
Dijo que Messina «se puso a disposición de las autoridades desde que supo de la investigación», enviando comunicaciones a la Procuraduría y mostrando intención de colaborar. Sin embargo, denunció que, a diferencia de otros investigados que fueron citados, en su caso «fueron a buscarlo a su casa sin haberlo interrogado».
Germán Rafael Robles Quiñones
Fue el consultor jurídico de Senasa durante parte de la gestión de Santiago Hazim, devengando un salario de 163,400 pesos al mes.
Francisco Iván Minaya Pérez
Fue gerente de Servicios de Salud, con salario de 266,500 pesos al mes.
Eduardo Read Estrella
El empresario Eduardo Read figura como propietario de Khersun S.R.L., filial del Grupo Read, contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.
De acuerdo con las investigaciones, Khersun recibía pagos mensuales fijos bajo la modalidad de pago «por cápita», independientemente de si los afiliados utilizaban o no los servicios.
El empresario dijo a través de sus abogados, que colabora con el Ministerio Público desde el inicio de la investigación.
Ada Ledesma Ubiera
Ejecutiva de la farmacéutica Lufaka, dedicada a la importación y venta de medicamentos y productos de estética, que, supuestamente, realizaba pagos ficticios de atención primaria.
Su abogado Vargas Brito informó en la Fiscalía que su cliente Ledesma era suplidora del Senasa. Minimizó la acusación indicando que solo realizó una o dos operaciones puntuales, de montos «pequeños e insignificantes».
Cinty Acosta Sención
Cinty Acosta Sención aparece como ejecutiva de la empresa IntraCare, una de las empresas suplidoras de Senasa. También figura como ejecutiva de la empresa Madison Medical, S. A.
Ramón Alan Speakler Mateo
Ramón Alan Speakler Mateo figura como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL. La empresa también tiene como socio a Rafael Luis Martínez Báez, padre de Rafael Martínez Hazim, pariente de Santiago Hazim, según una investigación de Nuria Piera.
Además, Speakler Mateo aparece en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) como auxiliar de protocolo con un salario de 70,000 pesos al mes.
En esta operación participaron un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional.
Declaraciones del Ministerio Público
La fiscalía señaló que con esta acción inicia la denominada «Operación Cobra» con la que comienza un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Senasa.
«La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del Patrimonio Público», indicó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
«El Ministerio Público, ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del Senasa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano», indicó la institución.
